Política

Abuso sexual a menores: una realidad cotidiana y aberrante

La cifra es espeluznante: en tres años se han presentado alrededor de 882 denuncias de abuso sexual contra estudiantes en instituciones educativas del Ecuador. El número asusta, pero no comprende el total de abusos en contra de menores de edad, solo de las denuncias. Lo que vivieron los infantes es aún más traumático.

Los casos más recientes han destapado esta aberrante realidad, este secreto a voces, que en ocasiones parecía tan lejano, pero que está más cerca de lo que imaginamos.

A principios del mes de octubre, una nueva denuncia sacudió a la sociedad. Padres de familia de la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad, en la provincia del Guayas, acudieron a la Fiscalía para denunciar que sus hijos habían sido abusados por sus profesores.

Los consternados progenitores cuentan que los infantes se levantaban llorando, sin ganas de comer, sin ganas de ir a clases. Afirman que los niños, de 6 y 8 años, habrían sido llevados al baño, donde eran humillados: los obligaban -incluso- a tomar orines, luego les bajaban sus pantalones para tocar sus partes íntimas y fotografiarlos. Los exámenes médicos, practicados a cuatro de los menores, confirmaron que fueron abusados sexualmente.

El fiscal César Peña y agentes de la Dinapen (Policía especializada en casos de menores) acudieron hasta el plantel y se encontraron con la puerta cerrada. Sin embargo, se dieron modos e ingresaron. Capturaron a uno de los involucrados, mientras que un segundo acusado consiguió fugarse.

Dos sospechosos más, docentes de la misma institución, fueron detenidos poco después, mientras que por un cuarto implicado, el Ministerio del Interior ofreció una recompensa de 10 mil dólares. En el celular de uno de los procesados se habrían encontrado más fotos de infantes abusados.

La rectora de la Unidad Educativa fue separada de la institución y es investigada, porque -según los padres- denunciaron el hecho ante ella y no recibieron una respuesta concreta. Las autoridades informaron que las denuncias siguen llegando, por lo que el número exacto de víctimas aún es incierto y podría llegar hasta los 100 afectados.

Otro caso que caló en lo más profundo de la sociedad ecuatoriana, que saltó a la luz pública en el 2012 y que retomó fuerza hace un par de meses, es el de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra), ubicada en el Sur de Quito: 41 niños fueron abusados en su aula de clases, entre 2010 y 2011. Su profesor fue el agresor.

El docente José Luis Negrete insistió en tapar las ventanas, con la excusa de proteger a los niños del sol, pero en realidad lo hizo para dar rienda suelta a su perversión. En ese tiempo, las víctimas tenían apenas 10 y 11 años.

Negrete forzaba a sus estudiantes a repetir escenas de películas pornográficas que los obligaba a ver en clases. Hacía que se desnudaran, tocaba a las niñas y rayaba sus partes íntimas, golpeaba a los pequeños con un tubo y un cable. Incluso -según las denuncias- ahí violó a una alumna.

Los tenía callados utilizando el miedo como estrategia. Los convenció de que tenía contacto con sicarios y los amenazaba con matar a sus familias si se enteraban de lo que sucedía.

Los moretones en los brazos de una de las niñas encendieron las alertas y el infierno que vivían en el aula de clases se destapó. Los exámenes practicados a los estudiantes confirmaron lo peor: habían sufrido de agresión sexual.

Luego de conocerse la denuncia, en 2012, Negrete huyó y estuvo prófugo hasta 2015, cuando fue capturado. Fue condenado a 16 años de prisión por violación a una menor y a 7 años por atentado al pudor contra los 41 estudiantes. La sentencia fue ratificada por la Corte Provincial de Pichincha, en mayo del 2016.

La institución educativa, como parte de la reparación a las víctimas, tuvo que develar una placa y ubicarla al interior de la institución. Lo hizo a regañadientes, no sin antes haber presentado un recurso ante la Corte Constitucional, aduciendo que se estaba afectando a los derechos constitucionales de la Academia y a su buen nombre. Dicho recurso fue rechazado.

Otro caso que está en la retina de los ecuatorianos es el denominado “Principito”. En 2014, un niño de 5 años fue abusado por su profesor de natación en La Condamine, en el norte de Quito. El docente fue sentenciado a 22 años de cárcel, pero apeló y se dictaron medidas sustitutivas hasta que se resuelva la causa. Ahora, denuncian que el implicado ya no está en el país.

Este miércoles, otro profesor fue detenido. La Fiscalía lo investiga por el presunto abuso sexual a 84 niños de una Unidad Educativa ubicada en Calderón, en el norte de la capital. Presuntamente, el delito se habría cometido durante el año lectivo 2016-2017, contra menores de 12 a 14 años. El docente implicado dejó la institución, aunque se conoció que habría estado trabajando en otro centro educativo.

Sí, los casos que han salido a la luz sobre abusos en instituciones educativas son escalofriantes, alarmantes, indignantes…, pero no quedan ahí. Los abusos que sufren niños y niñas se extienden a todos los ámbitos sociales y se convierten en un problema que la mayoría decide callar, por la estructura de la sociedad y del Estado, que -en muchas ocasiones- siguen demostrando que consideran al denunciante como el problema, aunque existen leyes que los protegen.

Así lo explica el Dr. Napoleón Vásquez, psicólogo familiar y estudiantil, y Director de Programas Educativos, Psicología y Salud (Proeps): “demasiadas historias no salen a la luz pública, no hacen noticia, porque los mismos involucrados piden que se guarde toda la reserva del caso, no quieren que conozca ni siquiera su entorno familiar. Personalmente, respeto las estadísticas que van saliendo, porque en verdad es una guía, pero no es la realidad, porque la realidad está en los lugares en que se tratan estos casos”.

El profesional agrega que si bien estas últimas denuncias han sacudido a la sociedad, no se debe generalizar y pensar que solo los maestros son los malos, los que abusan. Es enfático en recalcar que es un problema mucho más escalofriante: “Hay muchísimos más casos que no están denunciados. Solo en nuestra institución, en la que somos seis psicólogos, durante el año lectivo 2016-2017 tratamos más de 100 casos de abuso sexual de profesores a alumnos, de compañeros, entre hermanos, entre primos, del abuelo al nieto, del tío al sobrino, del padrastro y muchos más”.

Apunta que la ley considera como abuso y acoso sexual: levantar, romper, bajar, desgarrar la ropa de una niña o un niño; empujar, acariciar o manosear el cuerpo de un menor de edad; abrazar, coger, tocar o pellizcar a una persona sin que esta lo desee; amenazar, hacer bromas de tono sexual, mostrar fotos o videos sexuales. “Todo esto está incluido como delito en la ley y aclara que la mínima pena para el agresor será de dos años de prisión, pero ¿quién lo aplica?… Nadie. Existe la norma, el protocolo y hasta ahí. Debería haber una orden gubernamental, mínimo del Ministerio de Educación, y tiene que haber alguien que supervise que se aplique, pero no hay”.

Vásquez dice que sí existen maneras de prevenir que sucedan o al menos preparar a los niños respecto al tema. “Es importante que los padres sepan que se debe educar al niño desde los 3 años, cuando comienza el uso de razón de un cerebro humano, con cuentos, con historias. Se tiene que informar sobre cómo tiene que amar su cuerpo, porque un niño informado sexualmente, tiene mejores posibilidades de defenderse -de alguna manera- del acoso o del mismo abuso sexual”.

Entre las recomendaciones se incluyen enseñarles lo que es una caricia de un miembro de la familia y de una persona particular, insistir en que nadie tiene derecho a tocar sus genitales; concienciar en que tiene derecho a la privacidad de su cuerpo e instruir para que aprenda a decir NO, NO y NO, cuando compañeros, amigos, primos, maestros o demás personas se excedan tratando de topar sus genitales. “Son obligaciones como enseñarle a comer, a caminar, a hablar”.

Para detectar posibles casos de abuso, se debe tomar en cuenta que es fundamental conocer a los hijos y el diálogo constante, porque hay que estar pendientes de si hay un cambio de actitud de un momento a otro. “Si deja de comer, quiere pasar solo durmiendo, se hace impulsivo, agresivo, acosador en la escuela, por mencionar algunos, algo está pasando. Vivimos en una época en la que no se debe juzgar ni castigar la actitud del hijo, la acción, sino buscar la causa de esa actitud, el origen de esa acción y así se puede ayudar a cortarlo. Son cosas sencillas, pero que no se dan”, añade el especialista.

En caso de que suceda, Vásquez considera importante buscar ayuda profesional, porque las secuelas que dejan episodios como estos son tremendos, inolvidables: “es una muerte en vida, por lo que le hicieron, porque siempre va a recordar qué pasó, quién lo hizo, cuánto le dolió y se cuestionará por qué le sucedió. Con buena ayuda profesional, se puede cambiar esa fijación, pero no se puede olvidar, no hay borrador. Es un proceso que puede ayudar a que se lo tome como una experiencia más, desagradable, dolorosa, pero que no le impida seguir adelante. Caso contrario, se vuelve un círculo. Son como eslabones que forman una cadena que no termina”.

La crítica debe empezar por la misma sociedad: “no es solo lo gubernamental, no solo la educación, no solo el abuso de los desadaptados. También de la sociedad, que no le da mucha importancia, porque no han educado a su debido tiempo. Este es un problema que está arraigado en la sociedad ecuatoriana, tanto en el hogar como en la escuela se agudiza el abuso sexual”, concluye.

Desde las instituciones del Estado también se anuncian acciones.

Luego de que se conociera el caso más reciente, ocurrido en Guayas, el ministro de Educación, Fander Falconí, anunció “cero tolerancia” con este tipo de casos y planteó elementos de acción de política pública educativa, entre estos: una mejora constante del proceso de la calidad educativa, el fortalecimiento de aspectos de infraestructura y la dotación de equipamiento y una política de protección de derechos de niños y adolescentes.

Agregó que desde esa cartera de Estado se lanzó la campaña “Más unidos, más protegidos”, en la que se establece un “remozamiento de protocolos de acción… Tiene dos ángulos: por un lado, la necesidad de judicializar los aspectos que involucran violencia sexual, estamos hablando de delitos; por otro lado, todo lo que implica el protocolo de actuación que debe tener el Ministerio”, de acuerdo con versiones recogidas por distintos medios.

Otra de las acciones que se han ejecutado, incluso antes de que se conocieran los casos –según el funcionario- son el establecimiento de protocolos de actuación y coordinación institucional. “Suscribimos un convenio con el Ministerio de Justicia, Consejo de la Judicatura, Fiscalía del Ecuador para establecer niveles de coordinación, para actuar diligentemente, hacer un traspaso de información y generar celeridad en la actuación de los procesos”, sostuvo.

La mañana de este jueves se reunieron los ministerios de Educación y Justicia, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Secretaría de Gestión Política y la Comisión Ocasional Aampetra, de la Asamblea Nacional, para definir el rumbo de la denominada “Cruzada Nacional Cero Tolerancia”, que tiene como objetivo ser implacables y firmes ante esta alarma social. Habrá que esperar sus resultados.

Además, una de las preguntas para la Consulta Popular plantea: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes?

Según analistas, es una pregunta ganadora, porque nadie, o casi nadie, va a votar en contra, pero, pese a las acciones que se manejan desde el Estado, siempre quedan las preguntas: ¿son suficientes?, ¿las medidas atacan el problema?, ¿van a evitar que estos atroces hechos se repitan?, ¿cuál debe ser el rol de la sociedad?…

La reflexión debe ser de todos.

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