OpiniónPolítica

Ecuador reprueba en materia migratoria

Por Javier Arcentales*

Un poco más de 12 minutos le tomó a Guillaume Long, Embajador de Ecuador en Ginebra, tratar de responder las preguntas planteadas por el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de los Trabajadores Migratorios, acerca de la expulsión de más de cien personas cubanas en 2016 y el caso de Manuela Picq, la periodista franco brasileña a quien en 2015 el Ministerio del Interior canceló su visa y la sometió a un proceso de deportación, luego de ser privada de libertad en el denominado Hotel Carrión.

Menos de un minuto le tomó a uno de los miembros del Comité recordar al Embajador ecuatoriano que los asuntos de políticas internas de los Estados no son de interés de dicho organismo internacional, sino la manera en cómo estas políticas impactan o afectan el ejercicio de los derechos de las personas migrantes.

Esto ocurrió el mes de septiembre de 2017, en el marco de la valoración que hace este Comité al Estado ecuatoriano sobre el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. En esta evaluación una delegación de diferentes funcionarios del Estado ecuatoriano debió responder a las preguntas que este grupo de expertos formularon para identificar los avances o motivos de preocupación en el cumplimiento de la Convención, y finalmente emitir un documento con observaciones y recomendaciones.

La respuesta de Ecuador

La intervención de Long ante el Comité – repleta de justificaciones sustentadas en la coyuntura nacional e internacional, adecuadas quizá para el espacio académico y no para una intervención ante un organismo internacional de derechos humanos -, ejemplifica claramente cómo las políticas migratorias han sido concebidas en el Ecuador en los últimos años: derechos que han servido más para el discurso que para proteger la movilidad humana en condiciones dignas.

No fueron pocos los temas sobre los cuales los miembros del Comité cuestionaron a la delegación ecuatoriana. Aspectos como las disposiciones de la nueva Ley de Movilidad Humana y de su reglamento – que no guardan coherencia con la Convención-, las dificultades en la regularización migratoria en el Ecuador, la discriminación y la xenofobia en contra de personas colombianas, venezolanas, haitianas, cubanas y de otras latitudes y el debilitamiento de la institucionalidad para atención de ecuatorianos en el exterior y de aquellos que han retornado…todos estos temas formaron parte de los diferentes bloques de cuestionamientos.

Buena parte de las respuestas de la delegación ecuatoriana se sustentaban en la mención a normas y políticas públicas poco relacionadas con el tema planteado. También hizo referencia a algunas directrices o protocolos para servicios de atención  que estarían en construcción. Pero sobre todo, Ecuador hizo constante referencia a la “transversalización de la movilidad humana”, como si este concepto fuese algo novedoso y provocado por la nueva Ley Orgánica de Movilidad Humana de 2017. El concepto en mención habla de que todas las instituciones deberán adoptar medidas para garantizar los derechos de las personas en movilidad humana y tomar en cuenta sus realidades particulares, algo ya dispuesto hace casi diez años por la Constitución de Montecristi.

Pocos fueron los temas que la delegación ecuatoriana asumió como debilidades en la protección de los derechos de las personas en movilidad. Uno crucial: las limitaciones en la implementación de los centros de acogida para las víctimas de la trata de personas. Actualmente, hay solo dos a nivel nacional y exclusivamente para las adolescentes explotadas sexualmente.

Preocupaciones del Comité

La respuesta frente a casos de evidentes vulneraciones de derechos humanos, como la expulsión masiva de personas cubanas, fue curiosa. Long lo justificó como “el mal menor”, pero para quienes estuvimos en el auditorio no quedó claro entre qué y qué. El Comité asumió este caso como uno de los motivos de preocupación, y recomendó al Estado ecuatoriano que “realice todas las investigaciones exhaustivas e independientes para que se identifiquen las violaciones de derechos humanos, se determine responsabilidades y las reparaciones”.  Similar recomendación fue formulada al plantear el tema de Manuela Picq.

Estos dos casos son parte fundamental de las 44 recomendaciones que recibió el Estado ecuatoriano por parte de este Comité de Naciones Unidas.

También forman parte de este grupo de observaciones y recomendaciones otras muy aplicables al contexto actual en el que se han puesto en evidencia las actitudes xenofóbicas de los ecuatorianos. Así, el Comité alertó que “sigue predominando una imagen negativa de las personas extranjera, principalmente colombianas, peruanas, cubanas y venezolanas, así como aquellas provenientes de diversos países africanos y asiáticos, atribuyéndoles potencial amenaza o riesgo para la seguridad estatal”. Frente a lo cual, se recomendó al Ecuador adoptar políticas públicas y normativas necesarias para asegurar la igualdad de derechos.

El documento final de recomendaciones y observaciones que ha emitido el Comité deja en claro que al Ecuador no le bastó una Constitución con derechos de avanzada para que las realidades injustas que viven las personas en movilidad humana mejoren.

¿Y ahora qué?

En tanto los derechos humanos son producto de los procesos sociales, estas observaciones y recomendaciones deben ser un instrumento de sustento para la exigencia de derechos por parte de las personas en movilidad humana y las organizaciones que trabajan por velarlos. Por otra parte, para las autoridades y órganos del Estado, las observaciones se convierten en una ruta sobre la cual orientar la construcción de sus políticas, normativas y servicios, a fin de lograr una movilidad humana con dignidad.

Así, quizá, el Comité internacional en el 2022, año en que debe evaluar nuevamente al Ecuador, pueda señalar mayores aspectos positivos. Porque la verdad es que durante la evaluación de septiembre de este año, Ecuador reprobó, así de claro.

Es posible que para los defensores de gobiernos de turno, estas palabras busquen “hacer quedar mal al país”. No sería una sorpresa escuchar aquello, en muchos casos quienes buscan desacreditar las acciones de la sociedad civil esgrimen pobres argumentos como ese.

Habrá que explicarles, en todo caso, que la rendición de informes periódicos ante los órganos internacionales de derechos humanos son obligaciones que asumen los Estados al ser parte de los instrumentos en que se reconocen estos derechos, y es una facultad de las personas, en tanto sujetos de derechos, remitir información a dichos órganos. Quizá son las respuestas como las de Long ante este Comité de Naciones Unidas las que no dejan una buena imagen del Ecuador en ámbitos internacionales.

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* Abogado especializado en Movilidad Humana y Derechos Humanos. Miembro de la Coalición por las Migraciones y el Refugio
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