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El delito por el que se acusa a Glas debería ser delincuencia organizada, dice César Montúfar

Por Reinaldo Endara / Fotografía de Ricardo Guanín

El panorama político del Ecuador está convulsionado. Las denuncias de corrupción y los casos en los que se habrían cometido delitos que conllevan perjuicio al Estado están a la orden del día, y el nombre que más se relaciona con este entramado es el de Jorge Glas, vicepresidente de la República (suspendido en funciones), quien cumple prisión preventiva en la cárcel cuatro de Quito, debido a que es parte de un proceso en el que se lo investiga por el delito de asociación ilícita, dentro del caso Odebrecht.

Además, recientemente, el fiscal Carlos Baca Mancheno informó que se inició una investigación por el delito de cohecho, en el que también estaría involucrado el segundo mandatario.

Eso es lo que determinarán las averiguaciones.

Al respecto, La Caja Negra dialogó con César Montúfar, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar y presidente del movimiento político Concertación, quien también está inmerso en estos casos, actuando como acusador particular. Él manifiesta que la vinculación de Glas se ha dado a un paso demasiado lento y que solo ha sido posible por la presión internacional y por la información otorgada por Brasil y Estados Unidos respecto al tema.

Agrega que su objetivo es investigar, denunciar y, a través del debido proceso, desmontar lo que considera una “maraña de corrupción estructurada en la última década”.

¿Qué lo llevó a presentarse como acusador particular en el caso que se sigue en contra del vicepresidente Jorge Glas, por asociación ilícita?

Una suerte de desesperación, con el objetivo de que en el Ecuador podamos, a través del funcionamiento de las instituciones, desmontar toda esta maraña de corrupción que se ha construido y que finalmente haya justicia y reparación.

Antes de presentar la acusación particular, presenté tres denuncias penales en contra del Vicepresidente y sentía que la Fiscalía no hacía nada, que la Procuraduría estaba parada y que no había una real decisión de llevar este tema, a través del sistema legal y siguiendo el debido proceso, hasta descubrir la verdad; que todo iba a quedar en la impunidad. Entonces decidí dar un paso más y presentar la acusación particular, lo que es un hecho inédito, porque es la primera vez que existe un acusador particular en un tema de corrupción en contra de un funcionario público de tan alto nivel.

¿Por qué delitos o casos acusaba usted al Vicepresidente en esas denuncias penales?

La primera por el tema Odebrecht, que es con el tema que ingresé al caso. Después presenté una denuncia penal por concusión, por el caso Caminosca, y en junio presenté la otra dentro del proceso de asociación ilícita. Eso fue lo que me llevó a entrar en la Fiscalía, conocer lo que estaba pasando, revisar la documentación, revisar el expediente y, con esa base armamos con el equipo de personas que me ayuda voluntariamente la acusación particular.

¿Qué significa ser un acusador particular y qué implica en este proceso?

Significa que soy parte del proceso, que me toca sustentar, con pruebas, el porqué acuso al Vicepresidente de este delito. Además, en caso de que el Fiscal no llegara a acusar, tengo la posibilidad de pedir una revisión de la decisión del fiscal y me permite hacer diligencias, hacer interrogatorios… estar absolutamente metido en el proceso.

Creo también -y no solo lo digo yo, sino que hay alguna gente que comparte ese criterio- que si no hubiera existido esta acusación particular, la Procuraduría no hubiera acusado. La obligamos a que acuse y ahora esperamos ejercer una fuerte presión para que el Fiscal finalmente también acuse.

¿Por qué si existen estos indicios que usted menciona, de delitos más graves, se lo vincula solo por asociación ilícita?

Es lo que nadie entiende, porque el proceso empieza por cohecho y de pronto se abrió la instrucción fiscal y se cambió el delito, y sobre eso no ha habido una verdadera justificación por parte de Fiscalía.

Para nosotros debió haber sido por cohecho o delincuencia organizada, pero ese es uno de los grandes misterios de este caso: ¿por qué cuando se abre la instrucción fiscal, en una investigación que empezó por cohecho, termina siendo asociación ilícita?

Desde mi perspectiva, el delito no es asociación ilícita, que es un delito menor, que no es tan grave. El delito por el que nosotros creemos que debió acusársele es delincuencia organizada. El Artículo 369 del Código Integral Penal, da cuenta verdaderamente de lo que la evidencia muestra en este proceso: que es un grupo delincuencial que se tomó una parte del Estado y que, a partir de ahí, derivó hacia otros delitos, como peculado, concusión, lavado de activos.

He pedido varias veces a Fiscalía que reformule los cargos, pero la solicitud no fue atendida, por lo tanto, la instrucción y en esta etapa ya de llamamiento a juicio será por el delito de asociación ilícita.

Dentro de todo, Glas fue vinculado y hay un proceso en marcha, ¿cómo califica el avance de ese proceso?

Creo que hay dos maneras de evaluar el tema. Viendo el vaso lleno o vacío.

Si uno mira el vaso vacío, dice: después de 10 años de la más impresionante corrupción que ha existido en el país, después de toda la evidencia y de los elementos de convicción que hay en este proceso…que estemos hablando de asociación ilícita, es nada. Es como decir que un asesino, que mata a una persona por robarle el celular, termina siendo acusado por el robo del celular y no por el asesinato. Es más o menos eso.

Pero si uno mira lo que ha pasado en 10 años, en los que hemos tenido una impunidad total, el que se haya dado un proceso -aunque sea por asociación ilícita- que haya derivado en prisión preventiva para el Vicepresidente, es también un salto enorme.

Pero lo que viene a futuro es lo más importante, porque el vicepresidente Glas tiene varias investigaciones previas abiertas en Fiscalía. En el caso Singue, por peculado; el mismo Fiscal acaba de abrir la investigación por cohecho. Hay otro proceso que se investiga por peculado en un informe de Manduriacu, de la Contraloría.

Si uno mira que esto puede derivar en una acumulación de juicios, que termine en acumulación de sentencias y que un Vicepresidente -que tuvo el dominio y control de todas las decisiones- pueda terminar con una sentencia importante, como creemos que debe y podría terminar por los elementos que existen, uno dice: sí hay esperanza.

También hay que tener presente que el correísmo tiene un control sobre toda la institucionalidad del Estado, por lo tanto, la posibilidad de revertir esas posibles consecuencias son también bastante altas.

Uno de los argumentos que esgrime la defensa de Jorge Glas es que no existen pruebas tangibles o comprobables que lo vinculen. ¿Qué pruebas existen y son suficientes?

No solo que existen pruebas de este proceso de asociación ilícita, sino que sobran. En realidad, Fiscalía abrió otra investigación previa sobre la base de las mismas evidencias, indicios, por cohecho y también lavado de activos. Es decir, son tantas las pruebas, que ya no solo alcanzan para asociación ilícita, sino que se están desparramando en otras investigaciones fiscales.

Son paquetes de pruebas, pero mencionaré las más fuertes. El testimonio anticipado del brasileño José Conceição Santos. Allí se hizo un recuento y descripción pormenorizados  de lo que significó la relación del Vicepresidente con él y con Odebrecht. Se evidencia cómo su tío, Ricardo Rivera, era su intermediario, y cómo se transfirieron los recursos, las coimas, los bonos. Eso constituye un grupo de evidencias apabullantes, irrefutables.

La defensa de Glas refuta ese testimonio, diciendo que es una persona sentenciada y un corruptor, y que no se puede confiar en su palabra…

Su palabra tiene mucho valor, porque al haber sido condenado por estos delitos, él no puede mentir, porque recibió una pena de 40 años y se le rebajó a 8. Si mintiera, perdería ese privilegio, entonces no le conviene. Si hubieran contradicciones entre lo que él dijo sobre Glas y por lo que fue procesado en Brasil, podría perder los privilegios de condena, a los que accedió por su colaboración eficaz. Sería terrible para su situación.

Mencionaba que eran algunas las evidencias fuertes, ¿cuáles son las otras?

Están todas las evidencias de las relaciones entre Jorge Glas y su tío, que presentó el testigo protegido Alfredo Alcívar y que muestran cómo esa relación versaba sobre todos los negocios públicos. Es decir, Ricardo Rivera era algo así como un súper ministro a la sombra en los sectores estratégicos. Participaba de los proyectos de Ley, los conocía. Solicitaba la contratación de personas, manejaba los hilos sin ser un funcionario público y eso era -eminentemente- por ser el tío del Vicepresidente.

Tercero, toda la evidencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la que se detalla todo el esquema de los pagos: cómo se realizaban, las empresas asociadas a Odebrecht, desde que salían los pagos a las empresas asociadas y a quienes llegaban los pagos.

Las pruebas no faltan, sino que sobran. Y van hacia otros procesos.

El procurador del Estado, Diego García, acudió a la Asamblea y dijo que su vinculación como acusador particular en este caso podía generar problemas. ¿A qué se refería?, ¿cuál sería el problema?

Primero hay que recordar que Diego García, como Procurador, fue quien dio el visto bueno para que Odebrecht regresara al país. Si uno mira las cosas claras, él también debería estar vinculado a este proceso.

Por otra parte, cuando presenté la acusación particular, todos los sujetos procesales tuvieron tres días para impugnar y no lo hicieron, él no lo hizo. Guardó silencio: ¿por qué ahora sale con eso?

Algo que me deja perplejo es que el acusador, papel que también cumple en este caso la Procuraduría, está echando tierra y dando argumentos de nulidad a la defensa del acusado. Es decir: hago la acusación y luego digo que el proceso es nulo por tal motivo. Es una contradicción total. Por último, deje que el abogado de Glas lo diga. El Procurador, el abogado del Estado, diciéndole a la defensa del acusado lo que debe decir. Es algo inconcebible.

Además, nuestra acusación particular es absolutamente legal. Está amparada en el artículo 441, numeral 7, del Código Integral Penal, que permite a los ciudadanos, en el caso de derechos o intereses difusos, presentarse como acusadores particulares. Un interés difuso es un interés en el que todos tenemos algo que ver. Aquí tenemos una afectación al Estado enorme y todos tenemos algo que ver, porque nosotros pagamos impuestos y tenemos el derecho a vivir en un país libre de corrupción. Esos intereses difusos son -según el COIP- en los que una persona puede presentar una acusación particular.

Esta clase de recursos se han utilizado mucho en temas de derechos de la naturaleza, temas ambientales, derechos de consumidores, pero es la primera vez que ocurre en un caso de corrupción.

Cuando tienes una Procuraduría que termina diciendo eso, una Fiscalía que no ha funcionado bien, una Contraloría que ha estado tomada, lo que nos parece interesante es que en adelante, los ciudadanos puedan participar en los procesos por temas de corrupción y ser parte procesal para incidir en el mismo.

Obviamente, eso trae una responsabilidad enorme. Si -digamos- el señor Glas prueba, algo que dudo, que es inocente, la responsabilidad se revierte al acusador, por lo que hay una responsabilidad que yo asumo y de la que me hago cargo.

Entonces no existe inconveniente legal para que usted continúe como acusador particular o que se declare al proceso como viciado y sea anulado.

No hay ningún argumento. Existen tres causales de nulidad. La primera es que el juez sea incompetente. Segundo, que haya vicios en la sentencia, es decir que la sentencia que se le dé al procesado no corresponda al delito; y tercero, que se haya faltado al derecho de defensa del acusado. En ninguna circunstancia, la acusación particular podría causar ni el más mínimo vicio de nulidad.

Lo que sí llama la atención es que sea el Procurador, quien presentó también una acusación particular, el que quiera tirar abajo su propia acusación particular. Es un absurdo.

¿Confía usted en la justicia del país?

No, por eso presenté la acusación particular, para estar ahí, ser parte y poder incidir en un proceso tan importante.

Es decir que -pese a la vinculación del Vicepresidente a un proceso y la prisión preventiva- considera que la justicia no es libre, como lo ha denunciado en otras ocasiones.

Considero que el cambio está en que la información es tan apabullante, por la evidencia que vino del extranjero. Si no había este proceso denominado “Lava Jato”, en Brasil, o este proceso de delaciones, muy difícilmente hubiéramos llegado a conocer lo que pasó en el tema Odebrecht.

Como quien dice, ¿no había manera de mirar hacia otro lado?

Sí. Además hay una terrible presión internacional, porque en otros países conocen la información que tiene la Fiscalía, porque fueron ellos -como Fiscalía brasileña o Departamento de Estado de Estados Unidos- quienes entregaron la información.

Creo que les entregaron una “papa caliente” y ellos no pueden sino responder y por eso lo han hecho, aunque considero que con extrema lentitud y una clara falta de decisión y actitudes como las del Procurador, que mencioné hace un momento.

Usted fue uno de los opositores más visibles del Gobierno de Rafael Correa y aunque Alianza PAIS sigue en el poder, es a través de otra figura, que se presenta con un estilo diferente. ¿Confía en Lenín Moreno y su gobierno?

No lo pondría así. Creo que nuestras discrepancias con Alianza PAIS eran discrepancias de modelo, de concepto. No es un problema de Lenín o Correa, sino del modelo político. Creo que Moreno ha tenido avances en puntos importantes; sin embargo, el modelo sigue presente y lo que creo es que el “correísmo duro”, que durante 10 años se tomó todas las instituciones del Estado, todavía las tiene controladas.

¿Entonces no ha habido ningún cambio?

Va a ser muy duro, muy difícil. Creo que en Ecuador debe suceder algo dramático para que se vea un cambio y espero que eso dramático sea que se devele este tremendo entramado de corrupción que se constituyó.

¿El ser un acusador particular en este caso contra Glas ha provocado alguna represalia o amenaza contra usted?

No, no he tenido. Lo que sí he recibido son agresiones, cada vez que voy a la Fiscalía, en donde los grupos afines al Vicepresidente me han agredido y nos han agredido, no solo de palabra, sino de hechos. Fuera de eso, ninguna otra amenaza.

¿Se podría considerar a su incursión en esta acusación contra Glas como un relanzamiento de su carrera política?

Siempre he sido político, lo sigo siendo y jamás me he retirado de la política. No vería un relanzamiento de mi carrera política, sino que he estado siempre en política.

Esta acción, evidentemente, tiene una connotación política muy fuerte, pero creo que para eso estamos los políticos. A veces pensamos que el político es aquel que únicamente está para participar en elecciones y si llega a ganar, servir desde una función pública y si pierde las elecciones solo se va a preparar para ganar en la siguiente y llegar al poder. Los políticos estamos para mucho más y somos útiles a la sociedad de muchas otras maneras. Creo que -en este caso- estoy siendo útil en una causa nacional, porque estoy convencido de que nuestra intervención ha sido importante en lo que hasta ahora se ha logrado, aunque corriendo riesgos.

No soy un político que se siente muy cómodo en lo electoral. Bien podría este momento estar preocupado por preparar una candidatura. No digo que eso está mal, también hay que hacerlo, pero no estamos solo para participar en elecciones. Los políticos estamos para hacernos cargo de causas públicas y por eso he tratado de cumplir siempre esa función. Así es como entiendo mi ser político.

¿Cuál va a ser su futuro político electoral?

Eso se dirimirá en el tiempo y mucho tendrá que ver con lo que pase con este proceso. Para mí, en este momento, lo más importante es llegar al corazón de este problema y no es Jorge Glas, es un sistema ideado por Rafael Correa.

Por ahora debemos avanzar siguiendo el debido proceso, haciendo investigaciones serias, que lleven a la develación de lo que realmente sucedió en los últimos 10 años y creo que -en ese contexto- la figura del expresidente Correa tiene que ser investigada y él tiene que responder. Para mí es la prioridad más importante y a lo mejor, en adelante, se den las condiciones para seguir actuando dentro de esta línea, pero enfocados hacia un imperativo nacional, que es desmontar la estructura de corrupción que se estableció en Ecuador en los últimos 10 años.

¿Cree que existen los motivos y las posibilidades de llevar a juicio a Rafael Correa?

Lo que pasa es que las evidencias comienzan a aparecer con mucha claridad y eso que son 10 años en los que no hubo investigación, pero ahora que comienza recién a salir algo, se empiezan a ver cosas.

Si la intervención de todos los que estamos metidos en este tema, que somos bastantes ciudadanos, puede dejar como legado el que las instituciones funcionen para que en Ecuador podamos erradicar esta corrupción sistemática, será una contribución mucho más importante que la de ser candidato o ganar o perder la próxima elección.

Diría que mucho de mi futuro personal depende de cómo siga este proceso y cuáles son las posibilidades reales de seguir siendo útil y ejercer una influencia positiva.

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