EntrevistasPolítica

Farith Simon: “El objetivo político de la consulta es consolidar el poder de Moreno y quitar el fantasma de Correa”

Este lunes (2 de octubre), como se había anunciado, el presidente Lenín Moreno presentó el cuestionario para la Consulta Popular y lo hizo dividido en dos partes: dos preguntas serán vía consulta popular y las otras cinco a través de un referéndum.

Para comprender mejor lo propuesto, cabe destacar la diferencia. Las cinco preguntas del referéndum sí tienen un impacto directo en la Constitución, a manera de enmiendas. Estas son:

  • ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes?
  • Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015?
  • ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos?
  • ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes?
  • ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?

Por otra parte, las preguntas que se decidirán a través de Consulta Popular no afectan la Constitución como tal, sino a la ley. Estas son:

  • ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como “Ley de plusvalía”, según el anexo 1? El presidente constitucional de la República deberá enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente para derogar la Ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos (Ley de plusvalía), en un plazo no mayor a 15 días desde la publicación de los resultados en el Registro Oficial.
  • ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?

Ahora, el trámite está en manos de la Corte Constitucional, entidad que deberá, en un plazo máximo de 20 días desde presentadas las preguntas, aprobarlas o negarlas.

Para comprender mejor las preguntas sobre las que los ecuatorianos deberemos decidir en pocos meses, La Caja Negra dialogó con Farith Simon, experto en derecho, catedrático y Decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito.

Él sostiene que la estructuración de este cuestionario incluye, al menos, dos preguntas ganadoras, que están bien articuladas y pensadas estratégicamente para impulsar a las otras; y, además de buscar una respuesta a las demandas de cambios de la ciudadanía, la Consulta Popular tiene como objetivo consolidar al presidente Moreno en el poder, entre otras cosas…

Desde el análisis político, ¿qué opinión le merece el cuestionario presentado por el presidente Lenín Moreno para la Consulta Popular?

De las siete preguntas, en términos concretos, me parece que hay dos por puro populismo penal y que son gancho: la primera y la séptima… Esas dos preguntas tienen una función definida, que es impulsar a las otras cinco, como un solo bloque.

Las otras eran esperables, pero había muchos temas más y quedaron pendientes.

¿Por qué puro populismo penal?

La uno tiene que ver con la corrupción y el retiro de todos los bienes. Hay una parte de esa pregunta que es racional, legítima y proporcional a la falta. Un castigo lógico, que dice que si una persona ha sido encontrada culpable de un delito contra la administración, un delito de corrupción, no puede volver a ocupar un cargo público.

La otra parte me parece un poco excesiva, porque consiste en perder todos los bienes, no solo el monto del daño, sino todos los bienes. Es una suerte de muerte civil, pero que -desde la perspectiva de la consulta y de su convocatoria- es atractiva y funciona.

La última, sobre la no prescripción de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, me parece que entra en el tema del populismo penal, porque es algo a lo que nunca nadie va a decir que no. Es una pregunta ganada.

¿Por qué no llegar hasta la muerte civil, en el caso de la pregunta relacionada con corrupción?

La pena tiene que ser proporcional al delito. Uno puede ser condenado por corrupción, pero, por ejemplo, por un perjuicio al Estado de 10 mil dólares, ¿le van a quitar todos sus bienes? Eso no es proporcional…

Pero el debate no iría en función del mensaje que busca transmitir la pregunta, que sería ir en contra de todo tipo de corrupción…

Pero las penas tienen que ser proporcionadas a la falta. Si una persona comete un perjuicio que le afecte al Estado por un millón de dólares, debería devolver ese millón de dólares. Eso está claro y es correcto. Perder todos los bienes, sin tomar en cuenta el perjuicio al Estado es una locura.

Las preguntas ambientales, referentes a minería y Yasuní, ¿son lo que se esperaba?

Mi primera impresión sobre la pregunta del Yasuní es que tiene que ver con los negocios ya realizados, con una serie de contratos ya enrumbados, sobre los que es imposible dar marcha atrás, porque podría tener costos altísimos para el Estado. Por lo tanto, la pregunta tiene o busca una conciliación entre la expectativa de producción del Yasuní y la expectativa de protección a este campo y de protección de la explotación de minería metálica, sin violar estos contratos. Ahí hay una solución pragmática.

Creo que quienes han estado en contra de la explotación en el Yasuní no van o no deberían promover un NO en esa pregunta, porque sería irse contra sus propias reivindicaciones. Eso es clarísimo. Además, en este caso, el NO no significa que se va a prohibir la explotación en el Yasuní, significa que se va a seguir explotando con las condiciones actuales. El SÍ significa que se va a limitar esa explotación petrolera.

Además de buscar que sea una pregunta conciliadora para las partes, ¿tendrá algún impacto negativo en la ya golpeada economía ecuatoriana?

Lo que pasa es que la pregunta que se está haciendo tiene que ver con una aplicación a largo plazo, porque al corto plazo se tienen que respetar los contratos ya vigentes, porque no se pueden tener líos sobre incumplimientos, que pueden tener un impacto económico muy alto. Ya hemos vivido la mala experiencia con los arbitrajes petroleros.

Una segunda parte tiene que ver con un reclamo ciudadano amplio, porque el tema de Yasunidos tuvo mucho impacto social. Hay dos temas que tuvieron una movilización muy importante en los últimos años. El primero, los Yasunidos. El otro, el tema de Plusvalía y las herencias. Al menos dos temas aparecen en la consulta y referéndum.

Respecto al impacto económico, creo que se pensó esta pregunta para no caer en incumplimiento de contratos ya existentes y para restringir el área de explotación, por lo que se sabe que nadie se va a negar.

La pregunta sobre la eliminación de la reelección indefinida fue una de las más anunciadas, ¿cómo se aplicaría?

Esa era una pregunta que iba de cajón. Según como está formulada, una persona no puede ser electa por más de dos ocasiones para el mismo cargo, sin importar que sea consecutivo o que haya un período en el medio. Aunque sí puede presentarse para cargos que no son reelección. Es decir, para cualquier otra dignidad.

Eso tiene una respuesta directa para una lista de personas que están en esta situación, entre alcaldes, prefectos, asambleístas, el expresidente de la República…

¿Cómo entender la pregunta que se refiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)?, porque no se pregunta sobre su eliminación, sino sobre su reestructuración. ¿Cómo funcionaría?

Para responder esta pregunta hay que esperar a revisar los anexos, porque incluye la cesación de los que actualmente desempeñan esos cargos y el nombramiento de un Consejo de Transición, hasta que se diseñe el modelo de nombramiento directo por voto popular de los nuevos consejeros. En el anexo, seguramente se va a decir cómo se va a nombrar el de transición, que considero que es el más preocupante.

Eso genera una inquietud fundamental respecto a cómo este Gobierno va a elegir a esas personas que van a reemplazar a quienes actualmente están ejerciendo el cargo.

¿Por qué esta parece la pregunta más preocupante?

Hay que entender la parte en la que dice: “y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades, pudiendo anticipar la terminación de sus períodos…”.

Esta parte es súper importante, si tomamos en cuenta a todas las autoridades que han nombrado el CPCCS. De acuerdo a esta pregunta, se podría dar por terminado el período de todos ellos, Fiscalía, Contraloría…. y todos, que son bastantes.

Creo que lo que pasó con el vicepresidente Glas tiene que ver con esto, porque abre esa posibilidad. Dice que las funciones son evaluables y si no cumplen se puede anticipar su terminación. Es decir, le da un poder altísimo a este Consejo Transitorio.

Por eso es una pregunta central, porque quien asuma ese cargo tiene un poder inmenso: no solo puede nombrar las nuevas personas, sino terminar a los actuales. De ahí que es fundamental la forma en que se constituya este Consejo.

¿Qué garantías da esa reestructuración, de que el CPCCS cumpla con las funciones que se supone debe cumplir y deje de ser partidista?, porque se entiende que por ahí va el objetivo de esa pregunta.

Al no tener todavía la información sobre el anexo, es complicado pronunciarse sobre el alcance de esa reorganización.

Lo que sabemos es que, de ganar el SÍ, se cesaría a los vocales actuales, entraría un Consejo de Transición y a los próximos miembros del CPCCS se los elegiría por votación directa y teniendo altos estándares, como lo dicen ellos. Habría que preguntarse qué es un alto estándar.

Lo que tendríamos seguro es que, al ser una elección popular, como cualquier otra, la legitimación de esas personas vendría dada por el voto. Esa parte no está clara.

¿Por qué incluir a la Ley de Plusvalía en la Consulta?

Ese es uno de los temas en los que más énfasis pusieron los sectores productivos en la larga lista de pedidos que hicieron a Lenín Moreno. Y el único presentado, directamente vinculado a los temas tributarios o impositivos, es ese.

Me parece que es una de las leyes que más preocupación social y movilizaciones causó y creo que es una manera de hacerles un guiño a los sectores productivos, que tienen una preocupación por el impacto negativo en el tema de la construcción. Uno solo tiene que ver los números y, a partir de la aprobación de la Ley de Plusvalía, las inversiones en el sector de la construcción, que es un sector importante en la generación de empleo y movilización de recursos, disminuyeron.

Tengo esta idea de que es un reconocimiento de una situación inadecuada, causada por la ley, y un reconocimiento de que ese era un tema central en las reivindicaciones de un grupo grande de la sociedad ecuatoriana.

Ley de Plusvalía y no prescripción de delitos sexuales contra niños y adolescentes son temas que se podían trabajar a través de la Asamblea, ¿por qué no intentar por esa vía?

Porque creo que hay que poner preguntas ganadoras. Quién va a votar en contra de que los delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes prescriban. Nadie.

Al igual que la que trata sobre inhabilitar de la vida política a quien ha sido comprobado como corrupto. Nadie va a votar en contra. Son estratégicas.

Hay temas que no se toparon, que estaban sobre la mesa, como los de la comunicación: ni la Ley, ni la enmienda que la ubica como un servicio público…

Ese tema tenía demasiada tensión alrededor e iba a generar mucho ruido respecto a que los “medios corruptos son los que han forzado esa pregunta”, por lo que, seguramente, se cuidaron de no ponerlo. O, esto puede demostrar que Lenín Moreno está de acuerdo con esa posición de la comunicación, que sería la otra lectura.

De los otros temas que sonaban fuerte, ¿cuáles se quedaron fuera?

Había muchos. Había temas sobre la estructura del Estado o el Consejo de la Judicatura y el error inexcusable… realmente habían muchas cosas y hubiera sido la oportunidad para preguntar.

¿Cuáles son los objetivos políticos de esta consulta?

El objetivo político viene a partir de consolidar el poder de Lenín Moreno y de quitarse de encima el fantasma de Rafael Correa. Con la no posibilidad de reelección, se quita ese fantasma.

Consolidar una posición política y asumir la posición de liderazgo, porque, a pesar de que tiene un apoyo popular importante, está siempre amenazado por la presencia de Correa. Es inevitable que una consulta popular tenga elementos políticos.

La oficialización de la consulta influye en la correlación de fuerzas políticas. Es decir, ¿cómo deja a Alianza PAIS, cómo deja al Presidente y su círculo, y cómo deja a la oposición?

Alianza PAIS está golpeado más por el tema de Glas que en sí por el tema de la consulta. Aunque el tema de la reelección es clave en su proyecto político y su estrategia, porque la reelección era fundamental para ellos, sea por muerte cruzada o en 2021.

Por otra parte, consolida una posición de Lenín Moreno, porque es el momento en que las adhesiones con las que cuenta le permitirían ganar la consulta. Es el momento ideal. Si esperaba más, tenía muchos más problemas para ganar.

Y la oposición, ¿cómo queda?

En este caso específico, la oposición deja de ser oposición, porque va a tener que sumarse a todas las preguntas y va a parecer más una aliada de Moreno. Todos dicen vamos a votar por el SÍ, todos los que se han presentado como oposición. Entonces va a capitalizar esos votos.

Desde la lectura política, ¿esa especie de alianza hasta cuánto se podría mantener o solo tiene como objetivo enterrar al fantasma del correísmo?

Lenín Moreno tiene que empezar a tomar decisiones de verdad,  sobre todo en el plano económico. En ese momento van a empezar a romperse esta suerte de alianzas. Y, después de que pase este primer momento, que puede decirse que es una luna de miel por las preguntas; cuando se comiencen a cuestionar porqué no se hicieron preguntas sobre la comunicación o sobre el error inexcusable, ahí se va a ver cómo es la realidad. Esto está condicionado por la temporalidad.

Hay que esperar a que la Corte Constitucional califique las preguntas. Esa es la primera condición. Después se va a ver una campaña en la que Gobierno y la oposición promocionen el SÍ juntos. Y, cuando se termine eso, vamos a empezar el realismo de la crisis económica y otros temas que no se pusieron en agenda, de exigencias de temas que no pasan por la consulta, sino decisiones políticas del presidente Moreno y que también van a depender de la correlación de fuerzas en la Asamblea, porque hay cosas que no se pueden hacer por el bloque mayoritario de AP. Habría que esperar estos días, a ver qué pasa con el bloque.

 

Comparte:

1 comment

Deja un comentario

Tu correo no será publicado. Los campos obligatorios están marcados con *