OpiniónPolítica

Ley contra la violencia de género, bajo turbulencias

Por Javier Arcentales*

¡Solamente es un rasguño! le dijeron en una dependencia en Tungurahua, luego de que ella realizara un viaje con sus hijos para denunciar las agresiones que había sufrido por parte de su pareja la noche anterior y buscara alguna forma de protección. No lo logró y fue la crónica de un femicidio. Boletas de auxilio que demoran más de quince días en emitirse, policías que prefieren no intervenir en “líos de faldas”, mujeres violentadas que deben contar su historia una y otra vez al policía, al médico perito, al fiscal, al guardia, a la persona que da los turnos para la atención.

En suma, un sistema poco eficiente para garantizar la protección frente a la violencia de género termina siendo cómplice y naturaliza la manifestación más funesta del patriarcado. Así lo corroboran los datos procesados por el Colectivo de Geografía Crítica: 134 mujeres asesinadas en 325 días, lo que significaría que en Ecuador cada 58 horas una mujer es violentamente asesinada.

Seguramente lo alarmante de estas cifras y la gravedad de los casos llamaron la atención de las autoridades estatales. El 24 de agosto de este año el Ejecutivo presentó un proyecto de ley sobre el tema y, siete días después, el 1 de septiembre, la Asamblea Nacional conformó una comisión especial para dar trámite a este proyecto de ley.

La iniciativa de una normativa que trate sobre violencia en contra de las mujeres en el contexto actual parecería  que una novedosa. Pero no. Es importante hacer memoria y recordar que en 1995 Ecuador aprobó la Ley 103 denominada “Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia”. Era un cuerpo normativo de extensión corta pero que desarrollaba un mecanismo de protección que de a poco fue conocido.  En aquellos años, la Comisaría de la Mujer y la Familia, adscrita al Ministerio del Interior, era una instancia a la que muchas mujeres acudieron para denunciar y buscar protección. Seguramente estas dependencias no fueron la panacea y tendrían una multiplicidad de aspectos a criticar, pero alcanzaron un nivel de familiaridad, cercanía y efectividad que no puede compararse con lo que en la actualidad existe.

¿Qué ocurrió con la Ley 103  y con las Comisarías de la Mujer? Extrañamente esta ley sigue vigente pero mutilada. El Código Orgánico Integral Penal aprobado en 2014, derogó la parte esencial de esta ley, es decir, eliminó las Comisarías y creó un procedimiento por el cual, todas las formas de violencia son judicializadas perdiendo su especificidad y, tal como dan cuenta los múltiples casos, la protección perdió eficacia y ganó en burocracia.

Entonces, la tramitación del proyecto de Ley que está hoy en la Asamblea es más bien la corrección de un grave error. Ahora con rapidez hay que solventar la regresividad. Asambleístas, asesores y asesoras procesan textos, aportes y observaciones con miras a que el primer debate coincida con el día internacional de la no violencia contra las mujeres. Frenetismo que preocupa pues posiblemente vaya en desmedro del contenido de la ley en atención a cumplir con tiempos políticos.

Pero no solamente los tiempos políticos asechan la construcción de esta ley. La marcha que se llevó a cabo el 13 de octubre de 2017, bajo la denominación “con mis hijos no te metas” profundizó la desinformación en torno a sus contenidos y al enfoque de género. De hecho, luego de esta marcha, en muchos de los debates algunos asambleístas advierten del cuidado que se debe tener al utilizar el término género. Nuevamente, años de luchas de las mujeres para posicionar que el género hace visible las relaciones injustas que provoca el patriarcado son opacadas por temores políticos de “las y los” asambleístas.

Así, la Comisión de la Asamblea Nacional ha generado la propuesta para el primer debate legislativo cuyo contenido causó profunda preocupación a las organizaciones de mujeres que vigilan con atención este proceso. No es para menos. Su contenido se desarrollaba en dos títulos, en el primero: definiciones imprecisas y ámbitos de la violencia omitidos. En el segundo título: un catálogo de atribuciones institucionales redundantes y desarticuladas, mal llamadas sistema o comité (para el proyecto era lo mismo), nula participación de las mujeres en la formulación de la política pública y lo peor de todo: la inexistencia de un mecanismo de protección eficaz frente a amenazas o actos de violencia.

Es decir, si así fuera aprobada sería una ley inútil. Diferentes excusas se escucharon de asesoras, asambleístas y otros actores políticos, “solo es una ley para prevención no para protección”, “no podemos crear nueva institucionalidad”, “no es posible modificar otras normas” decían entre temores y voces autoritarias. Organizaciones como la Coalición Nacional de Mujeres veían así como sus diversas propuestas, documentos sólidamente fundamentados y planteamientos madurados con años de militancia se disolvían entre cuidados, tensiones, limitaciones presupuestarias y cálculos de quienes tienen el poder.

Ellas saben bien que no todo se resuelve en una ley y que a fin de cuentas es un paso más en el camino por trastocar al machismo y al patriarcado. Pero sus apuestas quedan claras: que todos los tipos de violencias y todos los ámbitos en que éstas ocurren consten en la Ley, que se diseñe un sistema articulado que involucre a todos los niveles de gobierno y a todas las funciones del Estado, que se generen políticas tanto para la prevención como para la protección  y restitución de las víctimas. Pero sobre todo, que se disponga una autoridad cercana y confiable a la cual acudir, un mecanismo claro y efectivo que, ante una amenaza o un acto violento,  pueda emitir medidas inmediatas para su protección.

Parecería que su anhelo es simple, de hecho, países como México y Bolivia han aprobado legislaciones que son referentes a nivel de América Latina en esta materia. Lastimosamente la situación en el Ecuador es otra, ellas deben enfrentar a las ambigüedades políticas sumadas a las voces que no comprenden la profundidad del problema y buscan descaracterizar esta violencia, señalando que todas las violencias son iguales. Nuestra realidad demuestra lo contrario, bajo la condición de mujer, niña o adolescente es mayor la probabilidad de ser maltratada o asesinada.

A las puertas de conmemorar el día de la no violencia contra las mujeres, quedan los puntos suspensivos sobre el contenido que llevará esta ley y cómo ésta garantizaría los derechos de las mujeres frente a la violencia de género. Queda el reto mayor sobre cómo garantizar este derecho a los grupos LGBTI que también enfrentan al patriarcado (y que por los temores políticos los excluyeron de esta ley). Quedan algunas mujeres vigilantes de lo que haga la Asamblea Nacional y a la espera del primer debate y la supuesta aprobación definitiva prevista para inicios de diciembre. Quedan otras tantas mujeres a las puertas de las fiscalías, los centros médicos y los juzgados tramitando un documento que pueda salvarles la vida.

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* Abogado especializado en  Derechos Humanos y violencia de género.
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