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Moreno actúa con base en la ley y su sentido común

Por Sharvelt Kattán

El Consejo Nacional Electoral dio paso al pedido de Lenín Moreno para que se inicien los trámites de la consulta popular, prevista para el primer trimestre de 2018. El hecho no hizo sino avivar la polémica que ya existe alrededor del plebiscito, aunque lo cierto es que la función electoral ha actuado de manera coherente y con base en la ley.

Porque si bien es cierto que en este tipo de consultas es la Corte Constitucional la que debe dar el primer paso para que el proceso continúe, al menos eso manda la ley, también es cierto que el presidente de la República está en capacidad de solicitar al Consejo Nacional Electoral la realización de la consulta, sin que por ello deje de existir un estricto apego al derecho.

Así lo dejaron en claro los decretos 229 y 230 expedidos por Moreno el pasado 29 de noviembre. La acción conmocionó a todos los involucrados. Por ejemplo, la Corte Constitucional se encontraba sesionando para tramitar una respuesta sobre el tema. El CNE, en cambio, empezaba a pensar en los informes sobre el fin de su ciclo con Juan Pablo Pozo a la cabeza.

A las personas afines a Correa y opositores de la consulta, por su parte, la medida les debió caer en frío, porque seguro muchos estaban esperando que la Corte le diera una respuesta desfavorable a Moreno.

Por eso, no tardó en desatarse una guerra de opiniones de expertos en materia constitucional, en la que cada bando tenía una lectura propia del tema. Por ejemplo, quienes apoyan la consulta, no solo ven a las acciones de Moreno como legítimas, sino también como legales, pues explican que en caso de que la Corte Constitucional no cumpliera con los plazos establecidos, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional le da al Presidente la potestad de iniciar el trámite directamente, otorgando al vencimiento del plazo el valor de aceptación tácita de la Corte.

Por otro lado, quienes respaldan el correísmo han hablado de un “golpe de Estado”, al menos institucional, pues la Constitución vigente determina que es imprescindible el dictamen de la Corte para dar paso al trámite de Consulta Popular. Dictamen que en este caso sería favorable a Moreno pues el silencio de la Corte en resolver se interpreta como un dictamen a favor, cumpliendo así con lo determinado por la norma suprema.

Ambos tienen, en gran medida, razón, pero hay elementos que permiten afirmar que Moreno ha actuado de la forma coherente, porque al revisar casos anteriores, nos encontramos con que ya se han aplicado medidas similares, es decir, existe jurisprudencia.

En 2011, el presidente Correa adujo que, de acuerdo al artículo 105 de la Ley de garantías jurisdiccionales, la demora de un dictamen de la Corte será tomado como favorable, por lo que llamó a Consulta Popular para definir la situación territorial del cantón La Concordia.

Ese mismo argumento es el que hoy utiliza Moreno para continuar con el proceso de la Consulta, pues la Corte ha sobrepasado el plazo límite previsto en la ley. Sin embargo, todavía deberá vencer varios obstáculos antes de lograr su cometido.

Asambleístas cercanos a Correa ya han explicado la posibilidad de iniciar procesos legales en contra del primer mandatario por arrogarse funciones. Y si bien es cierto que, habiendo actuado con total legalidad, el presidente tiene las de ganar, no deja de ser claro que otro estorbo en sus planes lo sigue alejando de su acometido.

Pero este entramado de leyes y mandatos constitucionales no fue el único que dio de qué hablar al respecto. La presión de la presidencia sobre el CNE se dio en el preciso momento en que varios de los consejeros se alistaban para terminar sus funciones, lo que para muchos dejó en claro que Moreno había calculado los plazos a la perfección.

Por ejemplo, la oficina de Juan Pablo Pozo, hasta entonces titular de esa entidad, se encontraba ya vacía. Y si bien Moreno había habilitado a esos funcionarios a permanecer en sus cargos a través del decreto 190, el presidente del CNE dejó definitivamente el cargo.

Lo extraño es que esto haya ocurrido horas después de que Moreno hiciera el llamado formal a Consulta Popular, proceso que ahora está en manos del Consejo Nacional Electoral, ahora encabezado por Nubia Villacís.

De cualquier forma, si de algo se puede estar seguro, es que es bien poco lo que los opositores al régimen de Moreno podrán hacer para detener el plebiscito, pues los pasos que ha dado Moreno en ese aspecto han sido legales, meditados y por demás asegurados; pero sobre todo, son parte de una estrategia más amplia cuyos objetivos finales están todavía por develarse.

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