Proyectos mineros, relato de un abuso
Por Carolina Mella*
Esta historia empieza en la provincia de Morona Santiago, en la comunidad de Nankints, que en castellano significa “punta de lanza”. En agosto de 2016 la comunidad fue desalojada por un contingente de militares y policías, aduciendo que el territorio es privado, que le pertenece ahora a la empresa china Explorcobres S.A que tiene dos megaproyectos de minería a cielo abierto en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona de Santiago. Ambos proyectos cruzan el bosque protegido de la Cordillera del Cóndor. Los mismos se llaman Mirador y San Carlos – Panantza, respectivamente.
Según la Agencia Reguladora de Control Minero, ARCOM, existían 840 concesiones mineras en el Ecuador hasta el 2015. Esta cifra, entonces, podría ahora ser mayor pues en mayo del 2017 se volvió a abrir el catastro para recibir nuevas inversiones.
De acuerdo al mapa de la ARCOM, la intención del Estado es convertir el sur de la Amazonía en un distrito minero. Así lo asegura Manuel Bayón, geólogo investigador. “En el argot de la minería lo que significa es que no sólo se está intentando hacer los dos proyectos más conocidos que son Mirador y San Carlos – Panantza; sino que hay una serie de proyectos de minería a gran escala alrededor de éstos que se quieren ejecutar para aprovechar la economía de escalas, para que la infraestructura construida y la legislación que se está conformando no sólo sirva para dos proyectos, sino para generar toda una devastación. En términos territoriales, en la Cordillera del Cóndor”. San Carlos -Panantza es uno de los cinco megaproyectos mineros estratégicos para el Gobierno, abarca 41.760 hectáreas, y atraviesa dos parroquias de dos cantones diferentes.
Paisaje de Tsuntsuim/ Foto de Carolina Mella
Esta es la primera vez que se realiza minería a gran escala en el Ecuador. Por décadas, las poblaciones indígenas han luchado para que las intenciones de los gobernantes de extraer minerales en esta región no se ejecute. En su experiencia, la explotación de recursos en la Amazonía se ha traducido en contaminación y desplazamiento forzado. La postura de las comunidades había tenido éxito… hasta el gobierno de Rafael Correa.
Unos meses después de agosto de 2016, tras su desplazamiento, los Shuar volvieron a Nankints con la consigna de recuperar lo que, ellos insisten, les pertenece. Pudimos conocer que hubo policías heridos a través de las cadenas de los sábados del expresidente Correa, escuchamos y vimos el dolor de sus familiares. De quienes no supimos fueron de los heridos que pertenecían a la comunidad, ni tampoco nos enteramos que la amenaza de destierro llegó hasta otra población a dos horas de Nankints, Tsuntsuim.
Si no eres nativo, llegar a Tsuntsuim requiere de logística. La salida fue desde el cantón San Juan Bosco por caminos de piedra. Se debe pasar obligadamente por Nankints, donde ahora está el campamento La Esperanza de la empresa china Explorcobres S.A. Al parar y ver a lo lejos el sitio, rápidamente un empleado de la empresa en una camioneta sin placas nos interceptó. Nos dijo que esto es propiedad privada, mientras llamaba por su radio a la Unidad de Policía más cercana. Le dije que no tenía intenciones de entrar al campamento, que nosotros nos dirigíamos a Tsuntsuim. Ante mi molestia, no le quedó más que mover su vehículo y dejarnos continuar , pero al regreso nos iba a esperar.
En el camino, sentía estar en las entrañas de la Amazonía: los enormes árboles, el cielo azul, las fuentes de agua que bajaban en cascadas de las montañas, el sonido ensordecedor de los miles de animales e insectos que viven ahí. Llegamos al final del trayecto, nos separaba de nuestro destino el imponente río Zamora. Para poder cruzarlo, la comunidad ha construido una tarabita con restos de construcciones, tablones de madera, fierros en forma de canasta, una cuerda y un motor de bus al que le han adaptado solo las marchas primera y retro. No se puede sentir más que adrenalina y vértigo mientras se reza para que no le pase nada al motor.
Niños en Tsuntsuim/ Foto de Carolina Mella
Todo el recorrido que hicimos es territorio concesionado por los próximos veinticinco años para la explotación de cobre y plata. Según información oficial, la empresa Explorcobres S.A invertirá cerca de 1.300 millones de dólares en este proyecto, que se encuentra en fase de exploración avanzada y presenta ya varias irregularidades encontradas por la Contraloría General del Estado. Por ejemplo, que la explotación se daría en una zona protegida que atraviesan más de 400 fuentes y nacimientos de agua, una prohibición establecida en el 2008 por la Asamblea Constituyente. Los asambleístas entonces firmaron un mandato constituyente, el número seis, en el que establecen la extinción de todas las concesiones mineras en el país en fase de exploración que se encuentren en bosques o territorios protegidos y que tengan fuentes de agua. Sin embargo, las autoridades no hicieron cumplir el mandato.
Según el subsecretario de minas, Henry Troya, “el proyecto San Carlos – Panantza sigue vigente porque desde el 2008 al 2010 se hace una evaluación exhaustiva de las concesiones, se verifica el cumplimiento del manejo de aguas, y no solo de los permisos y de los lineamientos ambientales, sino, el cumplimiento de los derechos sociales y derechos humanos de las comunidades que están en el entorno del proyecto”.
Es difícil comprender lo que el Estado entiende como derechos sociales y humanos. Nankints ya no existe, y en palabras del señor Troya, existe el campamento La Esperanza.
Al llegar a la comunidad de Tsuntsuim, todo se revela.
Se puede palpar el temor de la población a la fuerza pública, a la presencia de militares con sus helicópteros y a que los expulsen. Las mujeres tienen miedo a ser abusadas, los hombres a ser encarcelados, los niños a la violencia. Es notable el abandono del Estado. Hay una escuela unidocente para cerca de 50 infantes. La pobreza es extrema, a tal punto que no tienen para comer. Unas papas y un poco de arroz es el desayuno y la merienda.
Pero su situación no fue siempre tan precaria. En realidad, se produce después de diciembre de 2016, cuando un contingente de militares y policías despojaron a los indígenas Shuar definitivamente de Nankints, y fueron hasta Tsuntsuim. La población se enteró que los militares iban a su territorio y decidieron huir. A su salida trataban que el equipaje sea ligero porque el camino a pie hasta la siguiente comunidad, Kiim, era largo y difícil. Muchos llegaron al amanecer del día siguiente, a otros, como Antonio Naniashi y su esposa de 95 años, les tomó hasta dos días.
Antonio Naniashi y su esposa de 95 años/ Foto de Carolina Mella
Las líneas profundas de su cara nos dejan ver que Antonio es el sabio de la comunidad, en lengua Shuar relata sobre aquel día en el que todos huyeron. “Salí a las seis de la tarde y tuve que dormir en la montaña, mientras atrás se escuchaban disparos. Decían que nos iban a matar”.
Ancianos, mujeres y niños salieron juntos. Los hombres se dispersaron y se escondieron en distintos lugares. Conocen, por la experiencia en Nantkins, que son a ellos a quienes detienen y después acusan de terrorismo.
La comunidad tuvo que vivir en casa de parientes o vecinos samaritanos en Kiim, durante tres meses.
Mientras ellos vivían en una suerte de destierro, los militares en Tsuntsuim estaban viviendo en las casas, comiendo sus animales. Cuando retornaron el panorama era aún más desolador que el relato. Encontraron sus ropas en la calle, prácticamente enterradas por las lluvias, sus animales no estaban, los cultivos se habían perdido entre el monte que crece muy rápido. No tenían nada.
El pueblo Shuar siempre se ha opuesto a la minería. Y eso lo determinó también el informe de Contraloría.
La consulta previa a las comunidades -que es mandatoria por ley- la habían hecho a sólo 19 personas, teniendo la aprobación de un 90 por ciento. Una muestra insignificante según el ente de control.
En Tsuntsuim no quieren minería. Quieren la paz con la que viven en lo alto de la Cordillera del Cóndor. No protestan, viven en silencio, pero muy cerca de quienes al parecer, con ayuda del Estado, pueden expulsarlos en cualquier momento.
En este video animado, llamado Agua Roja, se explica uno de los efectos de la minería – particularmente relacionado a la extracción de oro- en la salud de las personas.
Este es un trabajo de estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito. La Caja Negra, bajo su visión de abrir espacios para iniciativas jóvenes de calidad, colabora en la difusión de este trabajo.
Al retorno, el empleado de la empresa Explorcobres S.A que nos detuvo en el camino de ingreso a la comunidad, nos estaba esperando, esta vez con varios policías. Nos detuvieron exigiendo que nos bajemos del carro para revisarlo. Me negué. Tenía claro que violaban mis derechos constitucionales de transitar libremente por territorio ecuatoriano. Al parecer eso le importaba poco al empleado que nunca se identificó, y que le decía al uniformado que me obligara a bajar del carro, que no me dejara ir. Al final, ante mi reclamo, al uniformado no le quedó otra alternativa que dejarnos seguir. Pero lo que me queda claro es que el temor de la comunidad de Tsuntuim es certero, el Estado parece responder a la empresa extranjera.
La historia de la región amazónica, como la de cualquier otra parte del continente americano, está llena de episodios de abusos y abandono contra sus habitantes nativos. Desaparecieron tribus enteras, muchas sin dejar rastro. De todas estas atrocidades, solo unas cuantas figuran en los recuentos oficiales, y casi nunca hubo castigo para los responsables, menos cuando es el propio Estado el que participa en sus desplazamientos forzados.
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