Identidades

Unión de hecho, una realidad disonante para parejas homosexuales

Por Andrea Miño y Yadira Bedón* /Fotos de Ricardo Guanín

La constitución de Montecristi definió a la unión de hecho como: “La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo“.

La figura de unión de hecho ha sido utilizada principalmente por parejas heterosexuales. Acorde con datos del Registro Civil, desde septiembre de 2014 hasta el 13 de abril del 2015, se contabilizó sólo 76 uniones de hecho entre personas del mismo sexo frente a 759 uniones de parejas heteroseuxales.

La constitución del 2008 permitió que parejas del mismo sexo puedan, de alguna manera, legalizar su relación en las notarías en forma de contratos; sin embargo en el 2014 se lograron reformas directas al Código Civil permitiendo que la “unión de hecho” conste como Estado Civil en la cédula de ciudadanía ampliando el campo de acción ya alcanzado en Montecristi.

Organizaciones LGBTI y de derechos humanos aplaudieron con beneplácito las reformas realizadas al Código Civil. Pero, ¿qué implica en el día a día para las parejas LGBTI que en la cédula ecuatoriana -que ya contiene datos personales, familiares, de nivel de educación también-, indique también el nombre de la pareja en unión?

Tres parejas nos cuentan cómo realizaron este proceso y cómo lo llevan actualmente.

“No tener más beneficios es por elección o por no saber cómo reaccionará la gente”

Isabel, entre risas, relata su proceso de aplicación para la visa ecuatoriana, uno de los beneficios de su unión de hecho con Diana: “El chico de extranjería, que ya tenía el papel de la unión de hecho en la mano, me seguía hablando de su esposo. Como que no le entra en la cabeza a la gente: ya le conseguí (la cita) a usted y su esposo. Usted debe venir con su esposo“.

Diana e Isabel (nombres ficticios) realizaron la unión de hecho a finales del 2013. Su unión fue un evento pequeño en la compañía de 4 amigas, quienes fueron testigos, esto debido a que la familia de Diana desconoce de su relación con Isabel. Su proceso de unión, por desconocimiento, fue realizado con la ayuda de un abogado quien constantemente les estafó. En una ocasión el abogado les comentó que necesitaba realizar una gestión pero “como la gente tiene tanto recelo, se iba a ir al Registro Civil del centro o del sur que ahí le iban a hacer el trámite.” Por ese trámite quiso cobrar USD 150. Antes de realizar el desembolso, Diana e Isabel se enteraron que no era necesario ese proceso.

Tarifas del Registro Civil

Para la unión de hecho se necesita apenas una petición firmada por el abogado; esta minuta juramentada es leída frente a las personas involucradas. La unión de hecho está dada por la voluntad de dos personas libres de vínculo matrimonial, para establecer un hogar. Hasta el 2014 era obligatorio la comprobación de dos años de relación monogámica como requisito para acceder a una.

La tarifa para realizar este proceso en la notaría varía, pero en promedio se paga USD 150. Posteriormente se puede realizar el registro de la unión en el Registro Civil con la finalidad de ingresar el nuevo estado al sistema nacional de datos y facilitar procesos de acceso a salud pública, pagos de impuestos, utilidades y más. Sin embargo, el registro o no de la unión en el Registro Civil con el consecutivo cambio del estado en la cédula de identidad con el nombre de la persona en unión es decisión de cada pareja.

Diana e Isabel decidieron no registrar la unión para evitar se señale el estado civil en la cédula y el nombre de su pareja. Diana explica la razón con un ejemplo. “En una entrevista de trabajo empiezan a hacer preguntas, y no sabes qué decir. A mí me parece un poco incómodo (…) Después empiezan a indagar y no sabes quién te entrevista. Si es una persona homofóbica, puede que te descarte de una sola, tú no sabes”.

Desde septiembre de 2014 hasta el 13 de abril del 2015 el Registro Civil contabilizó sólo 76 uniones de hecho entre personas del mismo sexo, frente a 759 uniones de parejas heteroseuxales.

En una de las pocas situaciones en las que quisieron hacer uso de su unión fue para la aplicación de una tarjeta de crédito. Diana se comunicó con la compañía de tarjeta de crédito para solicitar una tarjeta para Isabel. “Dije que tenía unión de hecho. Me pidieron todos los datos, hablamos por 30 minutos. De ahí nunca me llamaron, yo tampoco llamé”. Diana, al tener doble nacionalidad, realizó el mismo pedido vía telefónica a su país de origen e inmediatamente recibieron la tarjeta conjunta.

“El tema de no tener más beneficios es por elección o por no saber cómo reaccionará la gente (…) Si hay la necesidad de ponerlo en la cédula nos tocará”, comenta Diana.

 

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“La unión de hecho hace visible la diferencia…es nuestra burbuja”

Frente a la pregunta de rigor, Cristina y Alicia (nombres ficticios) se miran fijamente esperando que alguna responda. Alicia, disimuladamente, se saca el anillo y lee: “Noviembre del 2014, en esa fecha nos casamos”. Se ríen y proceden a explicar la decisión de su unión: “Llegamos a un punto de la relación en el que íbamos a construir cosas juntas, se iban juntando esfuerzos de las dos y queríamos garantizar que si una de las dos muere la otra esté respaldada, ese fue uno de los motivos”.

Llevan una relación de 7 años.

La unión la realizaron de manera similar a una boda: una ceremonia en casa, con familiares y amigos, y el notario ofició de maestro de ceremonia. “Por experiencias de otras compañeras, el momento de la notaría puede ser un momento incómodo, un momento de miradas y susurros”, comenta Cristina. Pero su decisión de manejarlo como una ceremonia íntima no respondía a una posible discriminación, fue una decisión personal basada en la participación familiar. “La parte fuerte de la unión de hecho fue hablar con mi familia, yo no concebía hacerlo sin mis papás, sin que mis papás supieran. Era hacerles saber lo serio e importante que era. Eso fue bien fuerte”, comenta Cristina.

Mientras vivían en Quito, Cristina y Alicia fueron abiertas con su relación. Realizaban un trabajo de activismo. Ocupaban su tiempo visibilizando temas LGBTI y organizando eventos y talleres para esta LGBTI.

En la actualidad viven en una provincia pequeña. Esto ha generado otro accionar en relación a su vida personal. Ellas iniciaron un emprendimiento en el cual trabajan con mujeres que tienen dinero, que vienen de familias tradicionales y religiosas. El compartir su realidad, “haría que el emprendimiento crezca de manera más lenta (…) Se concentrarían en el chisme de la pareja gay”.

Cristina, además, trabaja en el sector público y menciona que los estigmas frente a la orientación sexual se hacen evidentes en su trabajo. “Mi equipo cercano sabe que tengo una esposa, pero ya en territorio (en el trabajo con comunidades) nunca digo nada(…) Yo digo que estoy casada porque me ven con el anillo, pero ya no ahondo (cuando preguntan sobre su esposo o sus hijos). Aquí siempre es bien complejo. Simplemente por manejo político todo puede ser usado en tu contra, justo ahora que se habla que las cabezas de los programas sociales son LGBTI”.

Como pareja no han profundizado sobre los posibles beneficios de la unión de hecho, se han manejado de manera individual (seguros privados a título personal o sin la necesidad de registrar una relación de dependencia en el sistema del IESS). Actualmente, están considerando cómo incluir la manutención de los hijos de Alicia como cargas en el IESS. “En todas mis declaraciones los hijos de Alicia no salen económicamente como parte de mis cargas, no los declaramos, y ahí mi ingreso parece mayor de lo que es. Por ejemplo, yo no recibo los décimos que son para las cargas, a pesar de que cubrimos casi todo nosotras. Entonces ahí hay un vacío, y eso no sé si no lo hemos hecho por traba mental nuestra o porque no hemos visto una forma sencilla de hacerlo”.

Cristina y Alicia no han realizado el registro de su unión en el Registro Civil, por lo tanto no consta en su estado civil en la cédula de identidad, la razón: adopción. “En un punto no lo hice porque quería dejar abierta la opción de adopción, si tú pones eso en la cédula estás negándote la posibilidad de adopción, si declaras que tienes una unión de hecho con una mujer ya, constitucionalmente, te niegan”.

En el país existe adopción para parejas únicamente heterosexuales, también es posible aplicar como mujeres solteras.

Alicia cuestiona el peso social que tiene una unión de hecho, “A veces te preguntan porque le digo mi esposa o porqué nos presentamos de esa forma, y una de las preguntas que suelen decir es: ¿pero están casadas? (…) Decimos que sí y ahí viene el debate de que la unión de hecho no es matrimonio”.

Para Alicia, la unión de hecho es un matrimonio, sin embargo no es socialmente aceptado. “Es como si te dijeran, ´te vamos a dar este poquito, pero no tiene derecho a todo´”.

Por ahora, sin embargo, Alicia y su pareja viven tranquilas. “En este momento estamos tranquilas, vivimos en nuestra burbuja”, dice. “Pero eso es justamente lo que me confronta”.

Unión de Hecho 2014 vs. 2015

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“Todo lo que hemos peleado ha servido para la gente que viene”

Gabriela y Rosa, sin vacilación, dan sus nombres. Ellas realizaron su unión en el 2008, con la nueva constitución ecuatoriana. Allí ya se hablaba de las uniones de hecho como una posibilidad, un derecho, que no incluía específicamente a parejas del mismo sexo, pero tampoco las excluía. De este vacío legal se apoyaron: “La Constitución del 2008 aprobó la unión de hecho. Eso era algo tan revolucionario”. Tanto, que los notarios explicaban que, si bien es cierto que la constitución lo escribe, el Código Civil todavía no ha cambiado. Bajo ese argumento muchas veces se negaban las uniones de hecho, nos comentan.

“La Constitución es de aplicación directa (está sobre otras leyes). Además, la Constitución dice que ante una duda siempre tiene que interpretar a favor de las personas”, señala Gabriela.

Para ellas no fue fácil lograr la unión de hecho puesto que las trabas, más que legales, eran personales. El notario les indicó que los notarios del país decidieron, sobre ese tipo de trámites (uniones homosexuales), no darles paso. Gabriela, al ser ella también abogada, logró la unión bajo el argumento de generar una demanda en instancias internacionales.

Ese fue el argumento que utilizaron para los demás trámites.

La decisión para realizar su unión de hecho respondía a la necesidad de la naturalización de Gabriela, de nacionalidad chilena. “Nosotros queríamos estabilidad en su estatus migratorio”, comenta Rosa. “Nos habíamos manejado con la visa de estudiante pero algún momento dejas de estudiar. Y como una proyección de pareja pensábamos en la estabilidad que te de una visa (…) La unión de hecho garantizaba los mismo derechos que un matrimonio, entre ellos la opción de la nacionalidad”.

El trámite de naturalización en Cancillería fue una continuación de la discriminación e ilegalidades ya vividas en la unión de hecho. Este proceso duró 1 año cuando, por lo general, dura máximo 6 meses. Durante ese año, Gabriela y Rosa asistían diariamente para vigilar los avances del proceso, enfrentándose a cuestionamientos sobre la validez de su unión de hecho y hasta de su identidad sexual.

De igual manera, ante la amenaza de realizar una “bomba” mediática y seguirles juicio por discriminación, Gabriela recibió un mensaje de texto indicando que su carta de naturalización ya se encontraba lista y podía retirarla. La entrega de la carta no se la efectúo dentro de la ceremonia oficial que Cancillería realiza para los nuevos ciudadanos y ciudadanas.

La lucha de esta pareja se extendió hasta conseguir la cobertura del IESS y la inscripción de la unión en el Registro Civil, siendo pioneras en cada uno de estos trámites:

“Todo lo que hemos peleado a servido para la gente que viene”.

Para Gabriela el tener acceso a la unión de hecho, si bien es un derecho ganado, no resuelve la desigualdad de derechos desde el Estado. “La unión de hecho debe proteger jurídicamente a todas las parejas que optaron por no casarse. El tema es que eso se aplica en los países que las parejas, independientemente de tu orientación sexual, optan por casarse o unirse de hecho. En Ecuador no tenemos la opción de casarnos(…) la unión de hecho, se supone, tiene menos protección que el matrimonio porque tu elegiste estar en una situación distinta al matrimonio”, dice Gabriela. Y añade: “Pero siempre he alegado que yo no elegí estar en una situación distinta (al matrimonio). A mí no me dan otra opción, porque si yo pudiera elegir yo elijo casarme porque me da todos los derechos”.

Gabriela y Rosa/ Foto de Ricardo Guanín

La unión de hecho es una opción que tienen las parejas heterosexuales al matrimonio civil, y una forma de protección legal y acceso a derechos, para parejas homosexuales. En el caso de Rosa y Gabriela, ningún derecho legal adquirido por encontrarse en unión de hecho ha estado libre de constante lucha y enfrentamiento con todo lo que implica el sistema.

Evidencia de esa lucha constante es la inscripción de la unión de hecho en el Registro Civil, y su consecuente aparición en la cédula. Para Gabriela y Rosa ese registro es un avance legal que visibiliza la unión y, por ende, debería garantizar, sin cuestionamientos, el acceso de derechos. El problema es que la cédula ecuatoriana es muy “invasiva”. De la manera que está conformado el documento de identificación en Ecuador permite a cualquier persona leer y conocer datos personales e íntimos, tales como: nivel de instrucción, nombre de los padres (o ausencia de los mismos), nombre de tu pareja, el sexo, entre otros. Esta información personal abre la posibilidad a una serie de discriminaciones, entre ellas discriminación a la identidad sexual y de género de los portadores del documento.

Las problemáticas frente a la aceptación de la unión de hecho, en muchas ocasiones, no pasan por la falta de leyes que garanticen derechos y accesos a las personas en unión, sino por la falencia en la aplicación de la misma.

En abril del 2013, Janneth Peña se convirtió en la primera mujer a quién la seguridad social del estado le reconoció una pensión vitalicia como viuda de una pareja homosexual. Este reconocimiento se dio después de 6 meses de permanente presión al IESS por parte de Peña, en una lucha para hacer valer sus derechos.

El gozo de los derechos civiles y beneficios de la unión no son instantáneos, como en el caso de la unión en una pareja heterosexual.

Estos derechos pasan por un escrutinio social y un cuestionamiento legal que hace que la unión de hecho sea un paso muy analizado antes de tomarlo, sacrificando beneficios, que por ley, le pertenecen a todas las parejas legalmente constituidas.

Este mismo escrutinio, por otro lado, merma el derecho a poder compartir socialmente una unión de hecho entre parejas homosexuales, evitando que puedan llamarse esposas/esposos en el espacio público.

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* Yadira: En pie de lucha por los derechos colectivos. Amante de los animales, de los colores y olores del campo. Madre de Misty y Yostin José.
Andrea: Montajista, antropóloga visual y docente. Aficionada al fútbol, la comida y la música. Mi trabajo se direcciona a temáticas LGBTI y de género. Descubriendo nuevas pasiones con la fotografía.
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