Caso CNEL: amigos ayer, enemigos mañana

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) no había sido un problema hasta junio de este año. Casi un mes después de la posesión de Moreno, la relaciones entre él y su vicepresidente se tensionaron. Estos problemas, que luego se extendieron a otros miembros de Alianza PAIS, decantaron, como siempre, en un producto altamente mediático; la espectacularización de la corrupción apareció en las redes sociales.

En Twitter y Facebook circulaban publicaciones donde se demostraba una supuesta repartición del sector eléctrico del país a la familia Bucaram. El primero en ser señalado fue Antonio Intriago, nombrado por Moreno como gerente de la empresa en mayo de este año, y quien renunció al cargo para, explicó, despejar las controversias.

Aunque las denuncias habían aparecido paulatinamente, quien puso el dedo en la llaga fue el expresidente Rafael Correa. El 7 de agosto publicó en su cuenta de Twitter un esquema donde se graficaban las supuestas adjudicaciones de puestos claves de la empresa a personas afines al partido político Fuerza Ecuador (FE) fundado por el exasambleísta Dalo Bucaram.

La imagen señalaba directamente a cinco personas: Antonio Intriago, Carlos Ferrín, Dino Herrera, Carlos Juez y Fabricio Muga. Cada uno ligado de cierta manera a FE, incluso con fotografías, y a sus nuevos cargos en la CNEL. Pero lo que no se explicaba es en qué consistiría el supuesto pacto entre Moreno y los Bucaram y cómo este beneficiaría al primer mandatario.

Los primeros en hacerse eco de la denuncia del exmandatario fueron el vicepresidente Jorge Glas y la asambleísta Marcela Aguiñaga. Pronto se instauró la idea de que las épocas de las reparticiones habían vuelto. Pero las denuncias no contaron toda la historia.

En el caso de Antonio Intriago, por ejemplo, Correa lo mencionaba como un cercano colaborador de la campaña de Dalo Bucaram, pero no explicaba que el funcionario había desempeñado, durante ocho años, distintos cargos en su gobierno.

Intriago, quien explicó que no tiene ninguna tienda política, pero que es afín a la denominada Revolución Ciudadana, trabajó en la Corporación Financiera Nacional (CFN), en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) donde, hasta el año pasado, laboró como director de Auditoría Interna.

Carlos Ferrín fue otro de los involucrados en el asunto. Para Correa y sus partidarios, su vinculación con FE estaba clara pues él había sido director de campaña de Dalo Bucaram durante su candidatura presidencial en 2017 y, posesionado Intriago, fue nombrado director de Comunicación de la CNEL. Ferrín salió al paso y se defendió, explicando que, en efecto, como publicista, había sido contratado por ese movimiento para dirigir la comunicación de esa contienda política, igual que cuatro años antes había sido contratado por el movimiento Alianza PAIS.

El publicista explicó que en 2013 se le encargó el diseño conceptual de la campaña “Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael”, con la que Correa y su binomio Jorge Glas obtuvieron la victoria presidencial ese año. Asimismo, Carlos Ferrín indicó que fue nombrado director de Comunicación de la empresa pública, pero que a las dos semanas presentó su renuncia.

A Carlos Juez se le delegó la asesoría de la gerencia de la Corporación Nacional de Electricidad; él también figuraba en el esquema de Correa como otro de los cargos que se debían a una cuota política con el “bucaramato”. Juez fue candidato a asambleísta del partido FE en las elecciones de este año y es un amigo cercano de Dalo Bucaram. Sin embargo, nuevamente faltaban tramos de la historia por contar. Según datos del SERCOP, su empresa JUEZA S.A. (SAL PACÍFICO) ha sido proveedora del Estado desde 2001 hasta la fecha.

También aparecía involucrado en esta trama de acuerdos políticos Fabricio Muga. El ahora gerente de Asuntos Corporativos de la CNEL tiene como único vínculo con la familia Bucaram el ser primo de Juez.

El caso del exgerente del Plan PIZA de CNEL, Andrés Cano, quien también ha sido cuestionado por el vicepresidente Jorge Glas, llama la atención. Él ha trabajado con el Estado desde 2015, tanto como proveedor de PetroEcuador así como de la Refinería de Esmeraldas, ambas manejadas por Glas, como parte de sectores estratégicos. Los dos contratos sumaban un monto total de cerca de diez millones de dólares.

Durante años, los involucrados habían tenido relación con el gobierno de la Revolución Ciudadana y nunca fueron cuestionados por miembros de Alianza PAIS. Entonces ¿por qué recién ahora era escandalosa su relación con el sector público? La respuesta es compleja, pero está claro que no se trata de una disputa ética sino de un entramado de intereses que, con el cambio de administración, se vieron afectadas.

Dos de los más fuertes críticos a las designaciones de estos funcionarios fueron Marcela Aguiñaga y Jorge Glas, quienes mantenían, directa o indirectamente, intereses sobre la CNEL.

En el caso de la asambleísta, su hermano Xavier Aguiñaga venía desempeñando funciones como asesor jurídico encargado dentro de la empresa pública. Sin embargo, a principios de agosto fue removido de sus funciones por Intriago. Marcela Aguiñaga no tardó en denunciar públicamente que se trataba de una persecución política hacia ella y su hermano por mostrar su desacuerdo con la “repartición” de cargos en el sector eléctrico del país a colaboradores de los Bucaram.

En respuesta, Dalo Bucaram expresó recientemente a diario El Universo que “esta exministra inventó lo del CNEL porque lo sacaron a su hermano, que lo metió con Rafael Correa en las eléctricas; y conjuntamente con su padre manejaba negociados; por eso salió a difamarnos…”.

Jorge Glas, por su parte, había tenido el control del sector eléctrico del país, tanto como ministro de Sectores Estratégicos, como en su período como vicepresidente de Correa. De hecho, uno de sus hombres de confianza, Jorge Jaramillo Mogrovejo, quien fue funcionario de esa cartera de Estado, fungió como gerente de la CNEL hasta mayo pasado, cuando Intriago fue posesionado por el presidente Lenín Moreno.

Otra pieza clave para entender el supuesto escándalo de Glas es su concuñado, Carlos Villón Zambrano, quien se desempeñaba como coordinador de Responsabilidad Social y Ambiental de CNEL. Tras el cambio de gobierno, se le reasignó un nuevo cargo de menor rango: el de socializador.

Los cambios y renovaciones en el personal tocaron a personas cercanas a Glas y Aguiñaga que, hasta ese entonces, tenían un fuerte control sobre la CNEL. Esto hizo que sus denuncias por supuestos repartos al “bucaramato” se disparen, haciéndose eco de las del expresidente Correa. Ambos, se victimizaron, alertaron sobre persecuciones en su contra, explicaron que esos pactos jamás serían tolerados… Todo como de un libreto.

Pero esos no eran los únicos casos donde los cercanos a Glas y Aguiñaga ocuparon cargos de alto rango en la empresa pública. Colaboradores suyos también fueron posesionados como gerentes provinciales. Tal es el caso de José Antonio García Monsalve, quien fue nombrado Administrador de CNEL EP Manabí en 2015. Él es esposo de la asambleísta de Alianza PAIS por Manabí, Karla Cadena, quien mocionó a Marcela Aguiñaga como presidente de la Comisión de Justicia, y ha sido una fuerte defensora del vicepresidente Jorge Glas, al igual que una de las más críticas a las decisiones del presidente Moreno.

Caso similar es el del Administrador de CNEL EP Esmeraldas, Jesús Benjamín Lemos Pacheco. Él fue designado en 2013 para ejercer esas funciones, y desde entonces aparece como un hombre leal a Glas, así como un duro cuestionador de Moreno. Ambos funcionarios, según los datos de transparencia de la CNEL, perciben un sueldo de USD. 4200,30.

Está claro que las disputas por el control de los sectores estratégicos eran cuestión de tiempo, porque quienes antes tuvieron privilegios ilimitados sobre ellos, ahora deben ver como su “estructura societaria” se desmorona. Esa podría ser la verdadera explicación de los quiebres de relaciones ocurridos en Alianza PAIS entre bandos afines a Glas y quienes se identifican con Moreno.

La disputa está lejos de llegar a su fin y las cuestiones clave siguen sin explicarse. No deja de llamar la atención la cantidad de personas afines a los Bucaram ocupando puestos en la CNEL, y aunque las tendencias políticas lejos están de ser un delito, no cabe duda de que es algo que Moreno tendrá que aclarar. Así como Glas y Aguiñaga deberán explicar cuáles son sus verdaderos intereses en esa empresa pública.