Por Luis Iván Gómez, desde España.

Después del referéndum del pasado domingo 1 de octubre en Cataluña, el mundo quedó absorto por las imágenes de represión por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional a los votantes en los colegios electorales. El saldo: más de 800 heridos, un sentimiento independentista más fuerte y críticas desde todas partes del planeta.

Si bien la historia de Cataluña y sus fricciones con la Corona española no son recientes, en este momento no merece la pena entrar en detalles históricos de hace cientos de años, de los que ya se ha hablado hasta la saciedad y de los que se pueden encontrar videos virales que circulan por toda la red; además de artículos que la explican. Lo que sí nos interesa es saber cómo se ha llegado hasta este punto.

Es verdad que el sentimiento independentista ha existido a lo largo de la historia; sin embargo, nunca tuvo un apoyo mayoritario de acuerdo al Barómetro del Centro de Estudios de Opinión. Se lo ha considerado como una minoría que, según algunos especialistas, alcanzaba el 20%. Empero, hace pocos días ese porcentaje llegó a 43. ¿Qué sucedió?

En 2010, el Tribunal Constitucional de España anuló y cambió varios artículos del Estatuto de Autonomía Catalán. Para quienes no tienen conocimiento, el Estatuto de Autonomía es -según el artículo 147 de la Constitución Española- “la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma”. Dado que el Estado Español está descentralizado, las Comunidades Autónomas se configuran como órganos políticos con sus propias instituciones y poderes y, por tanto, con potestad de instrumentar políticas propias dentro de su competencia. Cabe indicar también que cada comunidad tiene su propio parlamento.

El Estatuto Catalán fue aprobado por su parlamento en 2006 y las cortes españolas dieron el visto bueno y, a través de referéndum, los ciudadanos catalanes hicieron lo propio. El Partido Popular (PP), movimiento de gobierno, se opuso al texto con un recurso de inconstitucionalidad. Este suceso es clave, porque es la base con la que las ideas independentistas se despiertan nuevamente hasta convertirse en el centro del debate político en las últimas elecciones seccionales del 2015. Tanto así, que la fuerza independentista llegó a obtener 72 de los 135 escaños del parlamento catalán.

Apenas dos semanas después de celebradas dichas elecciones, el Parlamento inició “el proceso de creación del Estado Catalán independiente”. Como era de esperarse, el gobierno de Mariano Rajoy se opuso a la iniciativa, cerrando la puerta a cualquier diálogo para solucionar la crisis que en ese momento -podríamos decir- era manejable con voluntad política. Como resultado, en junio pasado el Presidente Catalán, Carles Puigdemont, puso fecha concreta (1 de octubre) para la celebración del plebiscito.

Poco después, en julio, gracias a su mayoría, el Parlamento Catalán aprobó la ley del referéndum. La respuesta del gobierno español fue apelar a la Constitución, específicamente a su artículo 2 que dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”

Pero, ¿cuáles son los argumentos que esgrimen los independentistas? Por obviedad quienes están a favor de la independencia de Cataluña arguyen que al poseer una lengua y cultura propias, tienen el derecho a ser considerados como una nación republicana.

En el plano económico, afirman que al ser la comunidad más rica de España, han sido de alguna manera “estafados” al haber un “exceso de transferencias en la recaudación fiscal” a los estados más empobrecidos y que, si tuvieran la autonomía para decidir sobre ellas, sus ciudadanos aumentarían considerablemente su nivel de vida. Por detrás está la crisis que empezó en 2008 y que ha servido a algunos políticos para atacar al gobierno y aumentar el ideario independentista.

Este 1 de octubre todo el mundo observó en lo que terminó este tira y afloja entre los gobiernos catalán y español. Algunos han mencionado que esta es una de las peores crisis políticas desde el regreso a la democracia.

Aunque ya se habían tomado medidas desde el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto las leyes que resultaron del Parlamento de Cataluña sobre la independencia, y los medios locales y redes sociales dejaron en evidencia la inviabilidad constitucional  del proceso, el Gobierno de Mariano Rajoy envió una gran cantidad de efectivos de la Guardia Civil  para reprimir a quienes intentaron sufragar.

¿Y ahora qué?  Según los resultados dados por las autoridades catalanas, el 90%, de un total de 2,2 millones de votos (5,5 millones de catalanes tienen derecho al voto), estaría de acuerdo con la secesión. Esto nos obliga a pensar que el presidente Carles Puigdemont seguirá con la declaración unilateral de independencia, aunque tenga no solo al Gobierno y la ley en contra, sino también a la Unión Europea, que ha declarado que el referéndum no se reconocerá.

A esto se suma que el ánimo en las calles está caldeado, las concentraciones a las afueras de las jefaturas de la Policía Nacional y Guardia Civil para reclamar por la represión del domingo, se mantienen. Inclusive, una diputada ha llamado a una huelga general para “ajustar” los plazos de la separación.

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha mocionado que se aplique el artículo 155 de la Constitución, para que sea el Estado central quien convoque elecciones autonómicas.

¿Qué perdería España si Cataluña se independiza? Pues, en contexto, representa la quinta parte del PIB español: es la mayor exportadora de todos los estados autonómicos; su infraestructura es de primer nivel, tanto ferroviaria, como su puerto y aeropuerto; El Prat, que acogió en 2016 a 44 millones de viajeros, es muy atractiva para las empresas low cost.

Además, Cataluña tiene las tres mejores universidades de España, su apuesta a la innovación e investigación aportan a su economía el 7% y es el mayor destino turístico del país.

Sin embargo, Cataluña es la región más endeudada, con un 35% de su PIB; lo que la sitúa en la tercera posición nacional en términos porcentuales, pero es la primera en términos absolutos, con una deuda de más de 75 mil millones de euros.

Su calificación, dada por las agencias, es de “especulativa”, por lo que el acceso a mercados internacionales se vuelve problemático. En consecuencia, depende del Estado español para su financiamiento. Al no ser reconocida por la Unión Europea, se prevé que el PIB de la República de Cataluña, si llegara a darse el caso, caería entre un 25% y un 30%.

Aunque se diga que ha habido un resultado, la verdad es que no se tiene certeza de lo que sucederá. Expertos concuerdan en que si se procede unilateralmente con la independencia, esto podría generar un efecto dominó en otras partes de Europa, también con grupos separatistas, lo que pondría en riesgo a la Unión Europea, ya golpeada por el Brexit; y en jaque a su economía.

Por ahora, si hay algo certero, es la incertidumbre e inestabilidad.