Durante doce días “la mitad del mundo” se paralizó. El gobierno de Lenin Moreno a través del decreto número 883 retiró el subsidio a la gasolina extra y al Diesel, entre otras cosas. Esta era la primera vez en 47 años que el pueblo ecuatoriano tendría que pagar valores completos por combustible, lo que provocó el descontento popular de muchos sectores que se vieron afectados por el incremento inmediato de los combustibles.

Transportistas, movimiento indígena y personas comunes salieron en varias provincias del Ecuador a protestar y a solicitar la revocatoria del polémico decreto. Quito, la capital del Ecuador, se convirtió en el epicentro de la conmoción. La “carita de Dios” tuvo durante doce días una ciudad, que por un lado vivía con normalidad su rutina de urbe; mientras que, por otro lado, muchos sufrían con la violencia de la crisis del país.

Doce días tardó el gobierno en dar un paso atrás… en doce días se estima que se perdieron alrededor de 2.300 millones de dólares, ocho vidas humanas y 1.340 heridos, según cifras oficiales. Doce días de enfrentamientos que empezaron un jueves 3 de octubre de 2019.

Las protestas en el Ecuador no son ninguna novedad.  Varias han sido las generaciones de quiteños que han visto cómo el descontento popular terminaba hasta por derrocar a gobiernos nacionales, pero después de 10 años sin ‘bullas’ para algunos esta era su primera vez… y para otros esto era recordar viejos tiempos.

Y es que desde la presidencia de Rafael Correa Delgado, el derecho a la protesta social había sido criminalizado. La Comisión Interamericana de Derecho Humanos ha revisado hasta el 2018 alrededor de 200 casos donde los protestantes habían sido sentenciados con cargos penales como ataque, resistencia, paralización de servicios públicos, terrorismo y sabotaje.

Esta vez, no fue diferente. La Defensoría del Pueblo registró 1.192 detenidos a nivel nacional durante las manifestaciones. Hubo un total de 1.340 personas que recibieron atención médica y se investiga el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes que perdieron la vida.

El jueves, la Policía Nacional del Ecuador se desplegó en varios puntos clave alrededor del Palacio de Carondelet para evitar el ingreso de los manifestantes. La Plaza del Teatro, La Marín, San Blas y calles aledañas se convirtieron en zonas de guerra. Con el pasar de las horas, se sumaban los refuerzos, tanto para las fuerzas de control como para los manifestantes

Las bombas lacrimógenas eran contrarrestadas con fogatas improvisadas que armaban las personas “de la vieja escuela”. Aquellos experimentados que sabían a base de remedios caseros como disuadir el gas y como controlar los efectos a base de humo, leche o pañuelos con vinagre.

Y aunque la policía contaba con carros antimotines, conocidos como “trucutu”, los manifestantes se las ingeniaban para poder frenar el paso de estos. Colchones, muebles donados, cuadernos y libros servían para iniciar barricadas momentáneas que dieran un momento de paz a los asistentes que corrían de las fuerzas de control.

El Municipio de Quito, a través de varios comunicados oficiales, dio a conocer que los daños a la ciudad solo del día 3 de octubre fueron de 500 mil dólares. Los fuertes enfrentamientos significaron grandes destrozos en el patrimonio de la ciudad. Propiedad privada, foto radares, semáforos, contenedores de basura, veredas, entre otros fueron destrozados y vandalizados. Como en otras épocas el Centro Histórico se convirtió en la zona cero del conflicto, y pagó el precio del descontento popular con el gobierno.

Según la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios en los 11 días de huelga, 131 periodistas fueron agredidos tanto por los manifestantes como por los policías. Las nuevas generaciones de reporteros, que cubrieron las manifestaciones, aprendieron de medidas de seguridad y entendieron los riesgos mientras realizaban sus coberturas. Hubo periodistas detenidos como el caso de Ivan Lozano, de UDLA Channel. Luego de 10 años de ser llamados “prensa corrupta”, hoy los medios de comunicación tenían poca acogida con los manifestantes.

Y así, de a poco creció el descontento popular. Durante los 12 días de paralización hubo pérdidas económicas de alrededor de $ 2.300 millones, según cifras preliminares de la Cámara de Industrias de Guayaquil con base en la facturación de enero a agosto. Miles de heridos y ocho fallecidos.

Esa tarde del jueves muchos regresaron a sus hogares con la incertidumbre de saber lo que pasaría al día siguiente. Muchos jóvenes protestantes, periodistas y policías habían vivido por primera vez una manifestación, y en esta ocasión, no les habían contado o visto a través de una pantalla.

Aunque los transportistas terminaron su huelga a las 48 horas… ellos habían encendido la llama de las protestas en el país, que continuaron por 11 días más y finalizaron con la derogatoria del decreto 883 en una mesa de diálogo. Todavía hay que buscar una solución para el desfase económico, el “gobierno del diálogo” tendrá que seguir buscando una forma de generar ingresos, disminuir egresos y cumplir con la carta de intención que estableció junto al Fondo Monetario Internacional, pero sin olvidar que las calles quiteñas siguen siendo aquel mítico espacio donde el clamor popular se hace escuchar.