Por: Ramiro Mosquera

Las desavenencias entre el presidente Lenín Moreno y el expresidente Rafael Correa se tornaron en una guerra abierta después que, el pasado 28 de julio, el primer mandatario presentara la proforma presupuestaria 2017. Ahí reveló la situación económica del país que, según él, es crítica, y adujo que las decisiones tomadas por el gobierno anterior “no fueron debidamente mesuradas y se puso al límite la sostenibilidad de la economía”.

En la presentación, el presidente Moreno explicó que la deuda pública agregada de Ecuador ascendía a USD 41.893 millones, sin incluir otros pasivos, como operaciones de corto plazo, pasivos de empresas petroleras, ventas anticipadas de petróleo, contingentes, obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), etc. El primer mandatario fue muy claro: “heredo un endeudamiento y un grave escenario”

Las declaraciones del primer mandatario no sólo fueron el detonante para que las tensiones al interior de Alianza PAIS se agravaran, sino que también reavivaron las controversias respecto al tema de la deuda ecuatoriana, porque expuso la fragilidad de la economía nacional ante factores externos como la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar; además, mostró los retos que el gobierno de Lenín Moreno tiene que enfrentar en los próximos años.  

Las controversias sobre la medición de la deuda ecuatoriana se remontan a octubre de 2016, cuando los expertos discutieron sobre la manera correcta de medir la deuda, después de que el entonces presidente Correa reformara, mediante el Decreto 1218, el Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para que la deuda pública sea calculada considerando los estados consolidados.

Tras la medida, se abrió el debate sobre la manera correcta de medir la deuda pública: por un lado, estaban los que afirmaban que la medición adecuada es la de “deuda agregada”, la cual incluye las obligaciones que mantiene el Gobierno Central con otras entidades públicas como el IESS, Petroecuador, la Corporación Financiera Nacional, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) etc.; por el otro, estaban quienes sostenían que la medición apropiada es la de “deuda consolidada”, que excluye la deuda intergubernamental.

Los cambios decididos por el gobierno de Correa en cuanto a la medición de la deuda se ajustan al Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, que permite, entre otras cosas, evitar la doble contabilidad o efectos distorsionadores. Resulta curioso que el exmandatario haya recurrido a este cambio metodológico recién en el 2016, cuando el Manual del FMI había sido publicado en el 2014. El principal motivo que explicaría dicho cambio sería la necesidad de ampliación del margen de endeudamiento para evitar que la deuda pública supere el límite legal del 40 por ciento del Producto Interno Bruto, estipulado en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su respectivo Reglamento.

Otro elemento que llama la atención es la confusión que se generó en la opinión pública, por parte del Gobierno, al tratar el tema de la deuda desde distintos enfoques. El pasado 23 de agosto, el Ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, a diferencia del presidente, se refirió a la deuda en términos consolidados y no agregados. De la Torre sostuvo que la deuda pública ecuatoriana “se encuentra bajo el límite establecido” e informó que, en relación al Producto Interno Bruto, asciende al 29,4% (Figura 1).

El crecimiento de la deuda pública ecuatoriana es parte de la tendencia que han experimentado varias economías de América Latina a partir del 2015. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “las cifras de deuda pública se han incrementado con relación a los niveles anteriores a la crisis de 2008”. A pesar de los incrementos de los niveles de deuda pública, Ecuador es uno de los países menos endeudados en América Latina (Figura 2).

Ecuador no enfrenta un problema de sobreendeudamiento, puesto que los niveles de deuda son bajos; no obstante, el problema que ha generado preocupación entre los expertos se concentra en la capacidad de pago de la deuda pública y el las obligaciones con entidades públicas como el IESS. Según los últimos datos provistos por el Ministerio de Economía y Finanzas, en febrero de 2017, hay USD 6601 millones de dólares de deuda con otros gobiernos –principalmente China– que tienen tasas fijas entre el 5,1 y 8%; asimismo, hay USD 5632 millones en bonos, que tienen tasas fijas superiores al 8,1%.

La presión que puede generar el servicio de la deuda al presupuesto explica las recientes declaraciones del asambleísta Pabel Muñoz, quien, pese a que existen varios signos de recuperación de la economía, no descarta “la opción de refinanciar, por ejemplo, la deuda con China”. La necesidad de renegociar con ese país se debe a que, actualmente, es el mayor acreedor de la deuda externa ecuatoriana, además de que los plazos de pago son cortos y las tasas de interés son elevadas.

El incremento de los niveles de deuda agregada, la decisión del expresidente Correa de modificar su medición y extender el endeudamiento público, y la necesidad de renegociar la deuda con China, demuestran que Ecuador, al igual que varios países de la región, no escapa de lo que la Cepal ha llamado“ los vaivenes de la economía global”.

Los retos que enfrentará el actual gobierno son grandes, puesto que las condiciones económicas que disfrutó la administración anterior cambiaron significativamente. Es fundamental impulsar el crecimiento económico, sin dejar a un lado los avances en materia social. Con la próxima presentación del programa económico se podrá saber con mayor certeza cuál es el camino que tomará la política económica ecuatoriana para los próximos cuatro años.

Figura 1

Figura 2