Por Sharvelt Katán

Cuando Correa denunció los vínculos de la familia Eljuri con Lenín Moreno, la noticia no tuvo mayor acogida. Primero, porque hasta ese entonces lo único que se conocía de esa familia era que es una de las más poderosas del país, y segundo, porque todos conocían de los nexos que mantenía con Alianza PAIS desde antes, incluso, de la campaña del actual presidente.

La orden de prisión preventiva que se levantó contra Juan Pablo Eljuri Vintimilla, dentro de las investigaciones en el caso Odebrecht, debió caerle pesada a más de un integrante del movimiento de gobierno. Habrá funcionarios de la administración anterior que estarán tomando recaudos para evitar ser vinculados al empresario azuayo, pero seguramente también habrá gente del actual gobierno que evitará verse comprometida en el asunto, sobre todo para que la popularidad del presidente no se desmorone.

La sombra de Eljuri ha estado atada a las campañas de Alianza PAIS desde que Rafael Correa apareció en la palestra pública, aunque la participación del grupo económico nunca ha sido demostrada fehacientemente, es un rumor de esos que suenan a verdades. Se trata, quizá, de uno de los secretos a voces más polémicos de Alianza PAIS, aunque no es secreto que el grupo Eljuri vio crecer exponencialmente su fortuna durante los diez años de gobierno de Correa.

Una de las posibles explicaciones de cómo el patrimonio familiar de los Eljuri se multiplicó tanto, recae en las transacciones del grupo South American International Bank (Sai Bank), cuyo supuesto objetivo era movilizar dinero de intermediarios de la constructora Odebrecht para el pago de coimas a funcionarios públicos. Juan Pablo Eljuri Vintimilla figura como beneficiario de una fundación que aparece como dueña de ese banco.

A través de una apelación, los defensores de Eljuri Vintimilla lograron revertir la prisión preventiva y reemplazarla por el uso de un dispositivo de rastreo y la presentación del implicado cada 15 días en la Fiscalía. Nuevamente, allegados a Correa denunciaron el vínculo de esa familia con el actual gobierno y atribuyeron a esa cercanía la decisión del juez. Por su parte, la Unidad de Análisis Financiero y la Superintendencia de Bancos determinaron que Juan Pablo Eljuri no es dueño del Sai Bank, lo que calentó más el debate.

Lograr para Juan Pablo Eljuri lo que no lograron ni para Glas llama la atención. Lo realmente preocupante es que grupos de poder económico engrosen las filas como auspiciantes de políticos, para ganar las elecciones y asegurar negocios.

Diez años del gobierno de Correa en los que el patrimonio de Eljuri aumentó considerablemente y en los que las actividades ilícitas podrían haber sido una de sus razones, fueron hechos que pasaron desapercibidos hasta hace poco, cuando el escándalo de Odebrecht involucró a funcionarios públicos y empresarios particulares.

Si los pactos entre partidos políticos y grupos económicos o financieros durante época electoral generan deudas que luego son pagadas por el Estado, no sorprendería que los cuatro años de Moreno, si ocurrieron gracias al aporte económico de Eljuri, no sean muy distintos a aquellos de Correa.

Habrá que esperar para saber si el actual gobierno hará algo para salvar a uno de sus -supuestamente- más importantes contribuyentes, o si por el contrario dejará proceder a la justicia y órganos de control para asegurar la prometida “cirugía mayor a la corrupción”.

Lo que queda claro es que el juicio popular y el de los tribunales no deben ser solo contra los políticos, sino también contra aquellos que corrompen a la clase política para lucrar del Estado. Estos malos empresarios son sin duda peores que los malos políticos, ya que están dispuestos a llevar o comprar a cualquiera en el poder para realizar sus negocios independientemente del color de las banderas o las ideologías.

El escándalo de la familia Eljuri debe agitar la opinión pública para que sean los votantes quienes cuestionen no solo cuáles son las ofertas de campaña de los candidatos, sino quiénes están detrás de ellos y a qué intereses responden. Debe agitar también a los medios de comunicación tradicionales, que felizmente apuntan a políticos caídos en desgracia -total, vienen y van-, pero temerosamente o con complicidad callan cuando se trata de exigir cuentas a los grupos de poder, consorcios y familias que están detrás de la corrupción.

Porque lejos del problema que será para Correa y Moreno justificar el origen de los recursos de sus campañas, la ciudadanía y los medios tienen la obligación moral de sancionar pactos de esa índole en cualquier tienda política, de cara a las próximas elecciones.