Por Francisco Cevallos (invitado)*

“Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia.” Paul Auster.

El martes 26 de agosto de 2017, la Corte Nacional de Justicia aceptó el pedido del Fiscal General, Carlos Baca Mancheno, de vincular al vicepresidente Jorge Glas Espinel, por el presunto cometimiento del delito de asociación ilícita. Esta trama legal, sólo constituye la punta de un iceberg, el cual, estamos lejos de determinar qué tan profundo es.

Para estar más claro de lo que estamos hablando, se debe comenzar diciendo que el presunto delito imputado al vicepresidente, sancionado con hasta 5 años de prisión, se da cuando dos o más personas se asocian entre sí, con el fin de cometer otros delitos. En otras palabras, la asociación ilícita, debe tener conexión con otras infracciones.

El trabajo que tendrán por delante los jueces ecuatorianos no será fácil, pues deberán dejar de lado la opinión pública y todo lo que han escuchado y visto en los medios de comunicación y redes sociales durante los últimos meses, para así poder juzgar al vicepresidente y a los demás implicados sólo en base a las pruebas acusatorias que aporte la Fiscalía y las pruebas de defensa que presenten los implicados. La justicia debe actuar de forma independiente y libre de prejuicios, respetando el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho al buen nombre y a la buena reputación; cualquiera de nosotros que estuviéramos involucrados en un proceso judicial, exigiríamos que estos principios sean acatados.

En las últimas semanas se ha escuchado a Jorge Glas repitiendo mucho una frase: “A mí ya me sentenciaron los medios de comunicación, hay un linchamiento mediático”. Este será uno de los principales argumentos que usará la defensa del vicepresidente dentro del juicio, ya que intentarán probar que la presión mediática, social y política, condujo a la Fiscalía a acusarlo. Dado esto, los jueces ecuatorianos no pueden permitirse ser influenciados por factores ajenos al proceso penal, ya que de ello dependerá la validez de ese proceso.

Las redes sociales han estado muy agitadas últimamente; la mayoría de comentarios giran en torno a los actos de corrupción y al castigo que exige la ciudadanía a los autores, cómplices y encubridores de tales hechos. Los actores políticos, empujados por sus convicciones personales y también por sus electores, usaron los medios de comunicación para exigir al Fiscal el inicio de los procesos investigativos y judiciales en contra del vicepresidente, clamor al cual se sumó la mayoría de ecuatorianos, los cuales deseamos un baño de transparencia y verdad.

Mientras escribía este artículo, vino a mi mente el recuerdo de un caso muy mediático que se dio cruzando el Atlántico. ¿Recuerdan el denominado caso Nóos en España? Se trató del caso en que se inculpó a la Infanta Cristina. Estuve pendiente de este caso en su inicio, obviamente a través de los medios de comunicación y redes sociales, luego debo aceptar que perdí el interés y la pista del mismo; también debo aceptar que mi criterio personal fue que la Infanta era culpable junto con su esposo. Revisando su desenlace, me llevé la sorpresa que la Infanta Cristina fue absuelta de los cargos en febrero de este año, tan sólo deberá pagar una multa irrisoria.

Con el caso reseñado brevemente, no quiero decir que los medios de comunicación deban callar o dejar de investigar, estoy convencido que una sociedad informada es más democrática y justa. Sin embargo, tampoco podemos desconocer la influencia que pueden tener los medios de comunicación en la opinión pública, de la cual hacen parte los propios juzgadores. “Los medios de comunicación y las redes sociales influyen, sin duda, en quienes tienen que impartir justicia. Que les determine o no dependerá de su temple”, escribió Jorge Trias Sagnier, abogado español, en su columna refiriéndose al caso Nóos. Los jueces deberán cuidar que sus decisiones no se vean mancilladas por prejuicios personales, ya que ello llevaría a dictar sentencias que no se ajusten a la verdad y que potencialmente puedan ser apeladas ante organismos internacionales.

Siguiendo esta línea, el trabajo de la Fiscalía ecuatoriana está muy lejos de terminar; es más, lo avanzado hasta el momento no es sino el inicio. La Fiscalía deberá aportar pruebas contundentes – si las hubiera- que vinculen a Glas y a los demás sujetos investigados en delitos de mayor impacto penal: enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concusión, cohecho u otros. En caso que se logre probar uno o algunos de los delitos indicados anteriormente y se vincule a Jorge Glas, éste podría enfrentar penas acumuladas hasta por un máximo de 40 años. Ahora bien, no sólo debemos estar expectantes sobre los delitos cometidos, sino que debemos estar atentos, de forma especial, a que los responsables sean identificados y que la justicia, si existe, sea para todos.

Personalmente, me sorprendió que se pida autorización a la Corte Nacional y a la Asamblea Nacional para investigar al vicepresidente Glas por un delito que, de alguna manera, es de menor calibre. Creo que la Fiscalía estaba en búsqueda de pruebas de infracciones sancionadas con penas superiores, sin embargo, estoy convencido que la presión social y mediática era tan grande, que no fue posible soportar más.

Quizá los escándalos políticos, como la falsificación del título de Economista del señor Pedro Delgado, la salida del país del señor Carlos Pólit -excontralor General del Estado y que al momento de su salida estaba en funciones-, o la revelación de la trama de corrupción en Petroecuador -caso por el cual están detenidos Carlos Bravo, que ya tiene sentencia dictada en su contra, y Carlos Pareja Yannuzelli-, hayan generado en la ciudadanía una ansiedad imperiosa de que se investigue a los funcionarios del régimen anterior. En este sentido, Jorge Glas ha sido el principal foco de atención, considerando el alto poder que tenía (no recuerdo otro vicepresidente en la historia del Ecuador con tantas funciones), y el encargo que se le hizo de los sectores estratégicos, en donde se han dado las principales presunciones de irregularidades.

Pero los ciudadanos debemos entender que los tiempos que se maneja en las investigaciones penales y en los procesos judiciales, están muy lejos de asemejarse a los tiempos y plazos que exige la opinión pública y los medios de comunicación, quienes tienen una imperiosa necesidad de transmitir noticias diarias y de interés, que les genere audiencia, clics y tráfico en sus webs. Con esto no quiero decir que podemos permitirnos otra vergüenza como el caso Bucaram, en donde, por la inoperancia de los jueces a cargo, se permitió que prescriban los juicios. Más bien considero que los medios de comunicación y la opinión pública en general, deben vigilar los procesos judiciales y exigir justicia, aún a sabiendas que puede ser una larga espera y que, como empecé diciendo, podría ser solo la punta de un iceberg.

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* Abogado en libre ejercicio especialista en temas tributarios. Socio fundador del estudio jurídico Cevallos&Noboa Cia. Ltda. Cursó sus estudios de pregrado y postgrado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.