Por Reinaldo Endara

Se ha hablado mucho de la constitucionalidad o no de la consulta popular y referéndum, que llevó a los ecuatorianos a las urnas el domingo 4 de febrero. El hecho llegó incluso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que en primera instancia solicitó información sobre el proceso al Gobierno ecuatoriano.

Luego de que se llevara a cabo el proceso electoral, la misma CIDH solicitó medidas cautelares a favor de los miembros del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que -según lo aprobado en la pregunta tres- serán cesados en funciones por un Consejo transitorio.

Al respecto, este jueves 8 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con cuatro votos a favor y dos en contra, decidió rechazar -“de plano”- lo solicitado por la CIDH. Por consiguiente, lo aprobado por la ciudadanía respecto a esta pregunta y a las demás continuará su proceso, es decir, con la reforma de la Constitución y de las leyes, para que entren en vigencia.

Sobre estos hechos recientes -y para analizar este proceso desde el principio- La Caja Negra dialogó con Ramiro García Falconí, presidente del colegio de abogados de Pichincha.

Para entender la solicitud de medidas cautelares a favor de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), solicitado por la CIDH, hay que empezar por el llamado a consulta popular y referéndum -a través del CNE-. ¿Ese llamado fue constitucional?

Nosotros consideramos que sí, que es constitucional. Es decir, tenemos algunos reparos respecto a la pregunta tres, que evidentemente implica una apertura extrema de ámbitos presidenciales; sin embargo, creo que esto es algo que sí debe ponerse en conocimiento y a decisión del electorado. Sí es susceptible de haberse convocado a una consulta y de ser sometido a un ejercicio de democracia directa.

Entonces, ¿los argumentos esgrimidos por el expresidente Rafael Correa y sus seguidores, sobre la inconstitucionalidad de la misma quedarían sin piso o sí tienen validez?

Consideramos que no. Ellos basan su impugnación a la constitucionalidad en que no hay un dictamen de la Corte Constitucional y hay que recordar que sí se solicitó ese dictamen, pero la Corte no emitió su criterio en el plazo legal, por lo que se produce el efecto que la propia ley establece: considerarlo como un dictamen positivo.

Este dictamen positivo pasa al Concejo Nacional Electoral (CNE) y se convoca a la consulta popular. Entonces, en realidad no veo cuál es el problema de constitucionalidad. Sin embargo, es muy incoherente que temas que han sido materia de una enmienda constitucional, votadas por una mayoría legislativa, ahora se considere que no puedan ser sometidas a criterio del electorado.

La CIDH solicitó explicaciones al Gobierno sobre el llamado a la consulta y luego de que se llevara a cabo el proceso electoral, el mismo organismo solicita medidas cautelares a favor de los miembros del CPCCS. ¿Esto sucedió porque el Gobierno no respondió bien a las inquietudes de la entidad o cuál fue el motivo?

Creo que la CIDH no recibió la información adecuada y nuestra diplomacia no se encaminó de forma adecuada. Creo, además, que no solo fue un caso de ingenuidad, sino que no se le dio prioridad. En la misma semana en que presentaron la solicitud de medidas provisionales, la señora Canciller salió dando declaraciones sobre el caso del señor Assange, por ejemplo. Entonces parece que estaba más preocupada por ese caso que por estos temas, que son temas que sí complican al Gobierno.

¿Cómo entender esa respuesta de la política exterior de este Gobierno?

Me parece que hay mucha mediocridad y falta de experiencia, porque la diplomacia no se improvisa y creemos que se pensó en su momento que se podía reemplazar a diplomáticos de carrera por personas son una estructura ideológica determinada y no más que eso.

Hay que entender que el derecho internacional, como toda rama del derecho, es una ciencia y que tiene su estructura técnica. Se comieron esa estructura técnica y en lugar de activar los mecanismos de reacción apenas se presentaron estas medidas. En lugar de eso, esperaron que la CIDH requiera información, lo que me parece totalmente ingenuo y no solo eso. Lo fundamental es que priorizaron otras cosas y que estaban preocupados de Assange y de otras cosas.

Hoy viajaron el presidente de la Asamblea, José Serrano; la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; y la canciller, María Fernanda Espinosa, a Costa Rica, pero creo que reaccionaron tarde, que son medidas al apuro de algo que debía hacerse técnicamente, con todo el tiempo y toda la planificación.

¿Qué implicaciones puede tener para la política exterior ecuatoriana, este tipo de respuesta o reacción tardía, como usted lo manifiesta?

Un estado con una política internacional débil, es un estado débil hacia el mundo. Creo que esto debilita la posición del Gobierno. Hemos visto cosas alucinantes, como que el exembajador del presidente Moreno en la Organización de Estados Americanos (OEA) lleve al señor Correa a impugnar al señor Moreno ante el pleno de la organización. A todas luces eso es impresentable.

¿Cómo entender que el expresidente Correa, durante su Gobierno -cuando menos-, haya menospreciado a las instituciones de justicia internacionales y ahora acuda a ellos?

Es la típica doble moral correísta. Es decir, cuando me critican no me sirven, pero cuando me sirven son lo máximo. Ahorita están peregrinando de rodillas detrás de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que en su momento calificaron como un basurero o como órgano del imperio.

¿Esa solicitud de la CIDH tiene una base jurídica o es más de tinte político?

Consideramos que hay una decisión política, con algunos elementos jurídicos, pero básicamente se está tratando de meter al sistema interamericano en ámbitos netamente políticos y eso sería peligroso para la propia legitimidad del sistema.

En el ámbito local existe alguna manera para revertir los resultados de la consulta. Es decir, ¿la Corte Constitucional aún puede pronunciarse sobre la legalidad de la consulta?

Habría que ver en qué sentido se pronuncia la Corte Interamericana respecto al pedido de la Comisión. Si se pronuncia la Corte Interamericana, la Corte Constitucional ya no tiene nada que hacer.