Por Pablo Torres y Paola López

Un informe sobre una administración deficiente, una línea editorial sesgada a favor de un partido político, las cuentas en rojo y un nuevo gobierno que ofrece reestructurar a los medios públicos de Ecuador: ¿Hacia dónde se encaminan la radio, la televisión y los diarios estatales en tiempos de Lenín Moreno?

El camino para el gobierno parece claro: una renovación administrativa que se verá reflejada en los contenidos y en los informes contables. Pero para analistas, aún queda niebla en el trayecto.

Para unos, la reorganización editorial y administrativa no es más que un asunto cosmético, una máscara que oculta pedidos de cambios en la Ley de Comunicación; para otros, implica un paso atrás que termina por desprestigiar a estos medios.

El anuncio de un “cambio” se plasmó en un video de un minuto difundido en la página web de los medios públicos días atrás. Pero la línea que han de seguir en los próximos meses la dio a fines de octubre el gerente de medios públicos, Andrés Michelena, cuando en una rueda de prensa declaró que hubo una “mala administración” de los medios estatales e incautados, en los que además hubo “manipulación de contenidos editoriales”.

Michelena señaló por esos días, en una entrevista con diario El Universo, que la propuesta para los medios públicos en el gobierno de Moreno es una “apuesta por la independencia administrativa-financiera y editorial”. Es decir, que ya no dependerán económicamente de un presupuesto estatal.

El video de relanzamiento de los medios públicos, creados por decreto del exgobernante Rafael Correa, comienza con lo que parece un acto de contrición: “Si tienes razones para dudar de lo que decimos, danos un minuto”, pide uno de los talentos de pantalla del canal Ecuador TV, que se fusionará con el incautado Gamavisión.

“El acto de informar puede ser usado para propaganda, para evitar que esto ocurra es necesario cambiar”, dice otra persona.

Y es que sobre estos medios se extendió la sombra de la “sospecha”, explica el sociólogo Nelson Reascos, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), pues –en su opinión- “los mal llamados medios públicos en el contenido, en la opinión, en la función, en la gestión, en la administración respondían como una secretaría de publicidad al gobierno”.

Recuperarlos aún parece una tarea difícil. “Habrá que establecer demandas sociales, reclamos, con la finalidad de recuperar esos espacios. Lo que pasa es que la ciudadanía sospecha y desde esa perspectiva el daño está hecho, tenemos mucho recelo de esos medios”, comenta Reascos.

“Tuvimos un gobierno que buscaba un control disciplinario de sometimiento y los medios de comunicación mal llamados públicos son el mejor reflejo de eso”, apunta.

Sin embargo, para el catedrático Hernán Reyes, las versiones informativas presentadas por los medios públicos que han contradicho otras aparecidas en medios privados “han servido para que la ciudadanía pueda tener una versión diferente de los mismos hechos, tomando en cuenta que muchas veces en el gobierno anterior los medios privados actuaron al unísono y construyeron informativamente una realidad acorde a determinados intereses”.

“Creo que los medios públicos permitieron a la ciudadanía tener otros criterios y otros puntos de vista”, agrega Reyes.

Michelena sostiene que hay una voluntad política de no injerir en la línea editorial de los medios públicos y ha citado como ejemplo el caso de diario El Telégrafo, que cambió de cabezas y de contenidos. No obstante, para Reascos se trata de una “cosmética”, pues no se han planteado cambios más profundos en el tema, por ejemplo en la Ley de Comunicación o en las funciones de los entes reguladores como la Superintendencia de Comunicación (Supercom).

La revelación de las cifras en rojo de los medios incautados –según Michelena, los canales Gamavisión y TC acumulan entre ambos pérdidas por 23 millones de dólares– y la dura crítica al manejo editorial en los públicos “ha tenido un efecto de juzgamiento de carácter maniqueo” que impide mirar objetivamente el desempeño de esos canales, radios, diarios y agencia de noticias en los últimos 10 años, opina Reyes.

“El balance que yo hago de los medios públicos, sobre todo Ecuador TV y El Telégrafo, es que han sido medios que han ofertado programas de mejor calidad y programas diferentes que han servido para mejorar el acervo cultural, el acervo educativo de las audiencias”, defiende Reyes, sin dejar de reconocer que hubo “falencias, errores”, como “segmentos en la parte informativa de los noticieros que fueron segmentos claramente sesgados o que actuaron como programas de carácter propagandístico antes que informativo”.

El financiamiento de los medios públicos, que según dijo Michelena buscarán sea tripartito, incluyendo la pauta comercial, también deja una estela de duda. Para el gerente, los anuncios comerciales ayudarán para que estos canales y diarios dejen de ser una carga para el Estado y no dependan de él. Sin embargo, Reascos difiere de esa postura.

El sociólogo explica que por ser de carácter público, estos medios no tienen funciones de lucro y deben financiarse con recursos estatales, pero ello no debe interferir en su autonomía o su administración independiente, ni quiere decir que trabajen a pérdida. “Pueden ser autosustentables económicamente”, señala.

En cuanto a los medios incautados, Reyes expresa que tras las declaraciones de Michelena se ha hecho una “campaña de desprestigio” que afecta su credibilidad y marca. “Si el Estado cree que son tan malos debería venderlos y debería crear una estrategia adecuada que implique colocarlos nuevamente en el mercado (…) Eso amerita una planificación adecuada”, insiste.