Por Reinaldo Endara
Las investigaciones continúan, los nombres que integran la lista de implicados siguen apareciendo, algunos líderes políticos comienzan su periplo en prisión y otros han conseguido desviar -por el momento- las acusaciones en su contra. Nos referimos a la trama de sobornos de Odebrecht.
El caso se investiga desde 2014; las primeras detenciones se remontan al 2015; a finales del 2016 todo se destapó; y en 2017 los primeros “peces gordos” comenzaron a caer.
Los principales directivos de la empresa brasileña Odebrecht “cantaron” y se acogieron a figuras como la cooperación eficaz para reducir sus sentencias, lo que les resultó bastante beneficioso. Por ejemplo, Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora -detenido en 2015 y sentenciado a 19 años de cárcel- salió de prisión el pasado 20 de diciembre, luego de haber cumplido solo dos años y medio de su condena. Él completará su sentencia en su lujosa mansión de 3.000 metros cuadrados, donde también viven su esposa y sus tres hijas.
Los que sí quedaron complicados -al menos si los sistemas judiciales de cada país deciden actuar e ir hasta las últimas consecuencias- son los líderes políticos latinoamericanos, señalados por el mismo Odebrecht y por otros 77 altos ejecutivos de la empresa, que negociaron con la justicia: ellos darían nombres, fechas y montos, a cambio de reducción de penas y otros beneficios. Para quienes fueron delatados, no fue un buen año.
El 21 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos publicaron las confesiones de los directivos de la empresa, en las que admiten haber pagado aproximadamente 788 millones de dólares en once países de América Latina y Mozambique.
Según el documento, “…entre 2001 y 2016, Odebrecht conspiró y acordó con otros proveedores de forma corrupta cientos de millones de dólares…, para el beneficio de funcionarios, partidos políticos, funcionarios de partidos políticos y candidatos de partidos políticos extranjeros…”. El objetivo: “obtener y retener negocios”.
Las confesiones y su publicación revelaron un sistemático modus operandi en América Latina, que si bien nace de la empresa, hizo un guiño y puso sobre la mesa una de las realidades más arraigadas y consideradas como parte del quehacer político en esta parte del continente: la corrupción.
Sólo en Brasil se pagaron $ 349 millones en sobornos, mientras que los pagos en los otros once países ascendieron a $439 millones, según las cifras entregadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Las investigaciones en cada país avanzan a ritmos distintos. En algunos siguen en meras investigaciones, en otros ya hay sentenciados, pero en todos deja la sensación de que el tema -por obvias razones- se torna más político que judicial.
La Caja Negra ha elaborado una radiografía del avance de estas investigaciones y procesos que se han llevado a cabo dentro de este caso, hasta el momento.
Brasil: el origen
En este escándalo se ven comprometidos los cuatro últimos presidentes de esta nación, incluyendo al actual, Michel Temer. A él se suman Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Collor de Mello. A más de los principales representantes de las cúpulas de las fuerzas políticas, ejecutivos y empleados de Petrobras.
En febrero de 2017, la justicia de Brasil decidió levantar el bloqueo de los bienes de la empresa Odebrecht, tras llegar a un acuerdo para cooperar con la investigación del caso denominado “Lava jato”.
Uno de los detenidos por este caso fue el expresidente de Petrobras y del Banco do Brasil, Aldemar Bendine, sospechoso de haber solicitado sobornos a la constructora. Junto a él fueron detenidas tres personas más, de menor perfil.
Entre los otros implicados, el actual presidente brasileño fue citado a declarar después de que funcionarios lo acusaran de haber aceptado donaciones ilegales para su campaña. Él lo ha negado y ha logrado evadir dos juicios políticos por casos de corrupción. Por ahí mismo se vincula a Rousseff, quien fue candidata a presidenta en la misma campaña, en binomio con Temer.
Por su parte, el expresidente Lula -según los fiscales brasileños- supervisó un esquema por el que Odebrecht pagó $ 22,18 millones en sobornos, para ganar ocho contratos de Petrobras. También se lo acusa de haber aceptado un penthouse pagado por la constructora, a cambio de contratos con la empresa petrolera. En marzo de 2016, fue detenido, interrogado y, meses después, sentenciado por haber recibido una propiedad de Odebrecht. El político lo ha negado y ahora trabaja para presentarse a las elecciones del 2018 como el favorito.
José Serra, ministro de Relaciones Exteriores, también es señalado por la empresa de haber recibido dinero para su campaña electoral en 2010.
Entre las obras que están bajo la lupa, de los años que se investigan, se incluye Odebrecht Properties, que opera estadios que fueron sede de la Copa Mundial de fútbol en 2014; cuatro navíos petroleros de Petrobras y la construcción de seis sondas de perforación para Sete Brasil.
Además de la construcción de plantas hidroeléctricas, construcción e implementación del sistema de logística y transporte de etanol de Logum, construcción de la línea cuatro del metro de Río de Janeiro, construcción del servicio de drenajes de aguas residuales y gestión comercial en Recife, construcción de centro administrativo del Distrito Federal, entre otras.
Perú: investigación avanzada
Beneficios obtenidos por la empresa en obras: $ 143 millones
Este es el país en el cual se han ejecutado la mayoría de detenciones que incluyen a un expresidente y a su esposa.
El período que señala el informe del Departamento de Justicia de EE.UU. comprende las gestiones de los presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
La Justicia de ese país estableció 18 años de prisión preventiva para Ollanta Humala y su esposa, Nandine Heredia. Según la Fiscalía, uno de los asuntos que forman parte de la pesquisa es la supuesta entrega de $ 3 millones por parte de Odebrecht para la campaña presidencial de 2011, en la que Humala venció. Además, se investiga a Heredia por favorecer a Odebrecht en la licitación del proyecto Gasoducto Sur.
Al expresidente Alejandro Toledo se lo acusa de haber recibido $ 20 millones en sobornos vinculados a la construcción de la carretera Interoceánica Sur. Desde el autoexilio, él ha negado las acusaciones y también que se haya fugado del país.
Mientras que el expresidente Alan García también ha sido llamado a declarar y tuvo que defenderse públicamente por la vinculación con presuntas irregularidades en la adjudicación del Metro de Lima. Según la Fiscalía peruana, Odebrecht pagó $ 7 millones en sobornos para quedarse con el contrato, adjudicado durante el segundo gobierno de García. El exmandatario niega todo vínculo y beneficio.
Entre los otros detenidos se encuentran Edwin Luyo, exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se le acusa de los delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos; Miguel Navarro Portugal, exasesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, acusado por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia de fondos dinerarios; Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones, acusado de corrupción de funcionarios y lavado de activos; y Jessica Tejada, exvoleibolista -pareja de Cuba- señalada por haber recibido sobornos de Odebrecht y ser testaferra de Cuba, quien enfrenta el delito de lavado de activos.
Ecuador: sentencia forzada
Beneficios obtenidos por la empresa en obras: $ 116 millones
En 2017 la justicia de ese país sentenció a su vicepresidente, Jorge Glas, a seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita, derivado de la trama de sobornos de Odebrecht. Junto a él fueron sentenciados su tío, Ricardo Rivera; Carlos V., Édgar A., y Ramiro C. Además, José T., Gustavo M., Kepler V. –también procesados- que recibieron una sentencia reducida de 14 meses, correspondiente al 20 % de la pena de los autores.
Además se dejó abierta la posibilidad para que se los investigue por otros delitos, como cohecho, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.
Glas, cesado en funciones, se encuentra en la cárcel desde el pasado 2 de octubre, luego de que en las investigaciones se lo identificara por las siglas “JG” o los sobrenombres “Vidrio” y “Vice”. Aunque el político ha negado que haya tenido que ver con alguno de estos sobornos, igual deberá cumplir con la sentencia, pese a que su defensa anunció que continuará apelando.
El caso también causó un remezón en la política nacional, partiendo por la división del movimiento oficialista a la interna, pues el actual presidente, Lenín Moreno, se desvinculó de la figura de su binomio, lo que no agradó al ala correísta del bloque.
Tal como van las cosas -y aunque se aprobó un tardío juicio político en contra de Glas en la Asamblea- hoy 2 de enero, él dejaría de ser el vicepresidente de Ecuador, por abandono del cargo, pues cumpliría tres meses en prisión.
Argentina: a paso lento
Beneficios obtenidos por la empresa en obras: $ 278 millones
En este país se investiga a cerca de 100 empresas, entre ellas la misma Odebrecht, por la trama de corrupción. Además, el caso salpica a los gobiernos de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y al actual mandatario, Mauricio Macri, por la vinculación de uno de sus colaboradores cercanos.
La justicia de Argentina señala a Julio de Vido, ministro de Planificación de la expresidenta Fernández. El exfuncionario negó tener vínculos con Odebrecht y dijo que no recibió sobornos.
Manuel Vázquez, exasesor de Transporte, está detenido en la cárcel y Rocardo Jaime, exsecretario de Transporte, se encuentra en prisión domiciliaria; ambos procesados por el caso de corrupción de una compra de trenes en desuso.
También se sigue una causa contra Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, quien niega haber recibido dinero de Odebrecht. En su defensa, el presidente Macri dijo que Arribas participó de una transacción por la venta de un departamento y por ello recibió el pago a través de un “cambista importante que, entre sus miles de clientes, tiene a Odebrecht”.
Las obras concesionadas a la empresa brasilera que se investigan en Argentina incluyen la ampliación de tres gasoductos, la ampliación de la capacidad de transporte firme de gas, el sistema de potabilización del área norte, la planta de reformado catalítico continuo, el proyecto potasio Río Colorado, el programa de acción para certificación en seguridad, medio ambiente y salud, el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y el programa global de obras Foro Regional Eléctrico Provincia de Buenos Aires.
Colombia: salpica al Presidente
Beneficios obtenidos por la empresa en obras: más de $ 50 millones
La denuncia de que el partido del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habría recibido $ 1 millón por parte de Odebrecht para la campaña electoral, es solo una parte de esta trama, pues también se menciona que la constructora brasileña asumió los costos de su rival en las elecciones del 2014, Óscar Iván Zuluaga.
Las declaraciones del exsenador Otto Bula, preso por haber recibido $ 4,6 millones en sobornos, revelaron esos datos, aunque no entregó documentación que lo confirmara. Tiempo después, en 2017, el jefe de la campaña de Santos, Rodrigo Prieto, confirmó el aporte de la firma brasileña en 2010 para el pago de dos millones de afiches de promoción proselitista, aunque aclaró que el mandatario no conocía sobre este particular.
También se encuentra detenido el exviceministro de Transporte del mandato de Uribe, Gabriel García Morales, por haber exigido $ 6,5 millones para adjudicar a Odebrecht el tramo dos de la Ruta del Sol, una importante autopista que atraviesa cinco departamentos.
Los otros dos detenidos en este país son Andrés Alberto Cardona, socio y miembro de la junta directiva de la empresa ACC Ingeniería y subcontratista del consorcio Tunjuelo-Canoas; y el empresario Enrique José Ghisays Manzur, quien aceptó cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Además, Odebrecht deberá pagar al Estado colombiano más de $ 11 millones como reparación.
Panamá: nombres concretos
Beneficios obtenidos por la empresa en obras: más de $ 175 millones
El principal implicado ya había sido detenido meses antes de que se conociera su vinculación con la trama de sobornos de Odebrecht. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, junto a sus dos hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto; así como su hermano, Mario figuran en la lista de los 17 implicados en esta red de corrupción en el país centroamericano.
Pero Martinelli no es el único exmandatario de Panamá cuyo nombre se vincula en este caso. La Fiscalía también solicitó información sobre las cuentas del expresidente Martín Torrijos para tratar de determinar posibles coimas de Odebrecht.
Además, fueron detenidos los abogados Ramón Fonseca Mora y Jurgen Mossack, cuyo bufete estuvo presuntamente involucrado en el escándalo de los papeles de Panamá. Y existe la posibilidad de que la constructora haya aportado dinero para la campaña del actual presidente panameño, Juan Carlos Varela. Eso también se investiga.
En contra de los implicados se formularon cargos por blanqueo de capitales.
México: un solo nombre
Beneficios obtenidos por la empresa en obras: $ 39 millones
Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal (Pemex), es el único nombre señalado entre quienes recibieron sobornos de la constructora brasileña. El exfuncionario es integrante del Partido de la Revolución Institucional (PRI) y dirigió Petróleos Mexicanos de diciembre de 2012 a febrero de 2016. Antes de eso formó parte del comité de campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto.
Según la información difundida por el diario brasileño O’Globo, Lozoya habría recibido $10 millones como soborno, y los pagos habrían comenzado en 2012.
México también suscribió el acuerdo internacional para investigar caso Odebrecht, junto a procuradores y fiscales de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.
Guatemala: un expresidente es el eje
Beneficios obtenidos por la empresa en obras: más de $ 34 millones
En Guatemala, el escándalo de Odebrecht se produce entre 2013 y 2015, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, imputado formalmente desde mediados del 2016 por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, debido a su supuesta participación en una estructura criminal que saqueó al estado guatemalteco durante su mandato.
La Fiscalía investiga la modificación de un contrato de ampliación de una carretera, de lo que se derivan investigaciones a las cuentas de los diputados que aprobaron el proyecto.
También está involucrado Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones del gobierno de Pérez, prófugo desde 2016 por otro caso de corrupción.
República Dominicana: 14 procesados
Beneficios obtenidos por la empresa en obras: $ 163 millones
De forma oficial se ha vinculado a 14 personas, entre empresarios, políticos y un abogado. De este grupo, 10 han sido detenidos. Para los restantes, el Ministerio Público ha solicitado al Congreso que se levante la inmunidad parlamentaria a dos senadores oficialistas y a un opositor, además de haber solicitado a la Interpol la detención del funcionario Bernardo Castellanos, quien se encontraba en Panamá.
Para los implicados se ha pedido una medida preventiva de 18 meses de privación de libertad. Además, la constructora brasileña fue sentenciada a pagar $ 184 millones como reparación al Estado, es decir, el doble de la cantidad de sobornos recibidos en el país.
También fueron interrogados Ángel Rondón, el lobbista y representante comercial de la multinacional en República Dominicana. A él se lo vincula directamente y ha sido sancionado por Estados Unidos con el retiro de su visa.
En este país un movimiento ciudadano, denominado Movimiento Verde, ha jugado un papel principal en el proceso, pues ha presionado desde las calles, con marchas y recolección de firmas, para que se haga justicia.
Venezuela: el más lento
Beneficios obtenidos por la empresa en obras: $ 16 mil millones
Después de Brasil, Venezuela es el país en el que se recibió la mayor cantidad de sobornos por parte de Odebrecht y, según cifras del Departamento de Justicia de EE.UU., cinco obras asignadas, que bordean los 16 mil millones de dólares, continúan inconclusas desde el gobierno del fallecido Hugo Chávez.
El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela pidió a la Fiscalía investigar el caso de corrupción. La exfiscal, Luisa Ortega, solicitó al Ministerio Público investigar si funcionarios venezolanos recibieron sobornos de Odebrecht. También informó que designó a un fiscal para viajar a Brasil y entrevistarse personalmente con Marcelo Odebrecht, para obtener datos del caso. Y solicitaron a Suiza información de cuentas bancarias de venezolanos que habrían recibido depósitos de Odebrecht.
El presidente Nicolás Maduro, por su parte, designó a un cuerpo de inspectores presidenciales para buscar todo lo que está mal hecho en las obras adjudicadas y agregó que serían concluidas con mano de obra local.
De este país se conoce que fue solicitada una privativa de libertad contra una persona, quien se incorporó en el Código Rojo de Interpol. Luego, la exfiscal dio a conocer una larga lista de funcionarios que estarían involucrados, incluyendo varios ministros de Estado que estuvieron en sus cargos entre 2011 y 2017; pero no pasó nada.
