Hay una retórica común sobre las capacidades que tienen los gobiernos locales en relación al desarrollo productivo y la generación de empleo, que no hay mucho que podamos hacer porque es competencia del gobierno nacional. Hace 2 años, el actual Secretario de Desarrollo Productivo del Municipio de Quito dio una entrevista que parecía desafiar esta creencia. Señaló que su objetivo era convertir a Quito en un hub regional logístico y de carga con zona franca (ZEDE), ser facilitador de los negocios, basar el desarrollo productivo en la inversión privada, fomentar la actividad productiva con incentivos y una reforma estratégica para la reducción de trámites, entre otras iniciativas. Sin embargo, en este tiempo, las políticas de desarrollo productivo se han centrado principalmente en promover un portafolio de proyectos públicos que requieren de inversión privada y en algunos programas de fomento de emprendimientos a través de la agencia de desarrollo económico Conquito.

Del dicho al hecho, hay mucho trecho y el problema de estas políticas limitadas es que no se puede asentar el crecimiento económico de una ciudad en proyectos públicos pues estos no son los grandes generadores de empleo y además el Municipio de Quito no ha desarrollado las habilidades para estructurar alianzas público privadas que sean de beneficio para todos los actores involucrados. Y, los programas de Conquito, si bien positivos y con mucho potencial, no han llegado a tener un impacto medible en la generación de empleo y oportunidades de crecimiento económico de la ciudad.

Hace unos días, el Presidente Lenín Moreno anunció el plan económico que llevará adelante en su gobierno. A muchos de nosotros el plan nos dejó con más dudas que certezas, especialmente por la falta de concreción de las medidas anunciadas y cómo serán implementadas. Sin embargo, las grandes líneas de política pública están establecidas y los gobiernos locales tenemos ahora la tarea de analizar esos ejes e implementar medidas que desde nuestras competencias permitan generar empleo, reducir las brechas de inequidad y ayudar a que vivamos en una sociedad más justa e incluyente.

En relación al eje de la reestructuración y optimización del estado, las ciudades tenemos mucho que aportar. En la última década, los aparatos públicos crecieron desmedidamente haciéndolos lentos, burocráticos e ineficientes para responder a las necesidades de los ciudadanos. El Municipio de Quito es un gran ejemplo de ello. El ex alcalde Augusto Barrera implementó el modelo institucional ideado por la revolución ciudadana en el cual el estado es quien decide todo, hace todo y se involucra en todo. Ese modelo no fue cambiado ni optimizado por el actual alcalde Mauricio Rodas sino que fue profundizado. Ahora el Municipio de Quito tiene alrededor de 17.000 empleados y un modelo institucional donde las funciones están duplicadas, donde la coordinación entre agencias para tomar una sola decisión es un viacrucis y donde el Municipio es un verdadero impedimento para que los quiteños realicemos nuestras actividades diarias y generemos desarrollo económico.

Urge un plan de mediano plazo pero con acciones inmediatas en los sectores más críticos, para que el Municipio de Quito se convierta en una entidad al servicio de las necesidades de la gente y de verdadero impulso al crecimiento económico. Y no sólo se trata de optimizar los trámites haciéndolos en línea, sino también de tener una política de seguridad jurídica en las reglas y trámites, facilitar el acceso a la información, desconcentrar funciones y eliminar una serie de absurdos procedimientos que tienen a los ciudadanos de oficina en oficina tratando de resolver problemas creados muchas veces por el mismo municipio. Ello implica necesariamente reestructurar la Agencia Metropolitana de Control que más esfuerzo invierte presionando a los quiteños que arriesgan sus patrimonios para emprender cumpliendo las innumerables reglas que controlando a quienes se aprovechan de este lento sistema para hacer daño a la ciudad.

Este plan también debe considerar a las empresas públicas municipales, muchas de las cuales significan un alto gasto para la ciudad y no han desarrollado modelos de gestión que las permitan ser autosustentables o que tengan una política de subsidios focalizados en función de los más necesitados. Se deben buscar modelos colaborativos de gestión público-privada donde el servicio público sea el principio rector pero el alto gasto estatal no sea la regla. ¡Alrededor del 40% del presupuesto municipal se va en gasto administrativo!

En relación al eje del equilibrio del sector externo y sostenibilidad de la dolarización, el gobierno nacional plantea como una de las medidas el incrementar nuestras exportaciones. ¡Tremenda tarea! La coordinación con las ciudades es un factor que permitirá ser más efectivos al momento de lograr estas metas. Quito ha estudiado hasta el cansancio los sectores productivos de mayor potencial; sin embargo, no se han implementado políticas que ayuden a superar las limitaciones de nuestra producción (cantidad, calidad, diseño, por ejemplo) y podamos exportar. Y es aquí donde la coordinación intergubernamental puede hacer la diferencia. Además, hay que aprovechar los estudios y esfuerzos que han realizado las ciudades y complementarlas con el desarrollo de carreras para estos sectores productivos. Debe haber un vínculo muy estrecho entre la oferta educativa y los sectores productivos de la ciudad. No sigamos graduando abogados (nada contra ellos, yo misma soy abogada) cuando podemos impulsar carreras con potencial de generación de empleo y crecimiento de Quito y del país.

Respecto del eje de la reactivación productiva, el gobierno presentó una serie de medidas relacionadas a impuestos, facilidad de contratación, reducción de trámites, alianzas público-privadas y el fomento de la economía popular y solidaria. Sobre los trámites y las alianzas público-privadas comenté en párrafos anteriores por lo que quedan dos temas en los cuales Quito también puede aportar para que el plan económico llegue a tierra y signifique la mejora en la calidad de vida de todos. Sobre la economía popular y solidaria, Quito debe tener claro la importancia de este sector para el desarrollo de la ciudad. Contamos con miles de trabajadores autónomos y con ciudadanos de todas partes del mundo con emprendimientos pequeños e informales de supervivencia que requieren una adecuada regulación para aprovechar el potencial económico pero también garantizar orden en la ciudad.

Asimismo, el principal recurso que tienen las ciudades es el valor del suelo y las actividades que se permiten en él para su desarrollo por parte del sector privado empresarial y de la economía popular y solidaria. De allí que resulta casi esquizofrénico que se pretenda generar crecimiento económico en la ciudad si el valor del suelo es exorbitante (más aún si ese valor sigue subiendo por decisiones anti técnicas que el Municipio ha tomado), si los impuestos no son racionales, o si el Municipio no da las condiciones para que en determinados sitios de la ciudad se pueda invertir.

La política tributaria es un factor clave, y no se trata de decir menos impuestos y pensar que se ha resuelto el problema, sino de tener un esquema tributario justo, equitativo, progresivo pero que permita el desarrollo de inversiones que sean estratégicas para la ciudad. Por ejemplo, queremos generar proyectos de vivienda social y accesible para que la mancha urbana no siga creciendo a las periferias o los valles, sin embargo, el uso de suelo en las zonas consolidadas de la ciudad para este tipo de desarrollos es carísimo y no permite hacerlo a costos accesibles. ¡Esquizofrénico! Otro ejemplo, el Municipio determina zonas industriales para que las industrias que están asentadas en medio de la ciudad (en usos de suelo prohibidos) planifiquen su reubicación o para que nuevas industrias se desarrollen, pero no los dota de servicios básicos (agua, alcantarillado, luz eléctrica y vialidad) ni promueve seguridad para una inversión de esta naturaleza. Muchas de estas industrias se están asentando en Rumiñahui y Mejía. ¡Esquizofrénico!

Cuando una ciudad tiene claras sus prioridades y las políticas que debe promover para la generación de empleo, la reducción de brechas sociales y una mejor calidad de vida, entonces toma decisiones en esa línea y sobretodo lidera la articulación con el gobierno nacional para que cualquier medida económica también pueda ser potenciada por las ciudades y sus capacidades, sólo de esa manera podremos juntos combatir efectivamente la pobreza y la inequidad. Es lo que los quiteños y los ecuatorianos queremos. Y eso es lo que los gobiernos de cualquier nivel deben cumplir.